Cuando se habla de instituciones públicas es imposible no mirar a Grecia, el imperio que creó la democracia y desarrolló el concepto de isonomía, o igualdad de las personas ante la ley. Las normas, por tanto, siempre deben reflejar el poder ciudadano para rechazar toda discriminación por sexo, raza, riqueza, lengua, religión y opiniones. En Antígona, Sófocles pone en boca de la protagonista de la tragedia estas palabras, para contradecir a Creón que ordenaba no sepultar a los muertos: “No podía yo pensar que tus normas fueran de tal calidad que yo por ellas dejara de cumplir otras leyes, aunque no escritas, fijas siempre, inmutables, divinas. No son leyes de hoy, no son leyes de ayer…son leyes eternas y nadie sabe cuándo comenzaron a regir.”
Esas leyes fundamentales que infundían el respeto ciudadano no podían ser cambiadas ni por los mismos reyes. Y todos lo sabían. Tanto que Antígona estaba dispuesta a morir. Esas leyes eran el soporte institucional de las antiguas sociedades, pero con el tiempo fueron reemplazadas por aquellas que daban a los monarcas y gobernantes el poder mediante decisiones unilaterales. Y ese cambio trajo consecuencias desastrosas, porque consolidaron el absolutismo y contribuyeron para pisotear la libertad. Llegamos al extremo de que el Rey de Francia, Luis XIV, exclamó en un acto de soberbia L’État, c’est moi, “el Estado soy yo”. La frase habría sido pronunciada el 13 de abril de 1655 por el joven rey (tenía dieciséis años de edad en ese momento) ante el Parlement de París. Con ello pretendía recordar la primacía de la autoridad real ante el desafío planteado por el Parlement con el lit de justice de 20 de marzo del mismo año. Poco tiempo antes había terminado de sofocarse la sublevación de la Fronda (1648-1653). (Lucien Bély 2005)
De allí surgieron instituciones como la presunción de legalidad de los actos administrativos, que obligan al ciudadano a someterse a lo dicho por funcionarios, a veces inescrupulosos, o acudir a un largo proceso judicial para defender sus derechos, especialmente en temas de tributación. Y otras falacias como la persuasión racional y la autonomía total de los jueces para tomar sus decisiones, a veces violando el precedente. El trámite de las leyes en los congresos y parlamentos obedece a intereses de sectores poderosos que mediante sobornos se oponen a los proyectos que benefician a la sociedad en general, o hacen aprobar otros que aumentan sus ingresos de manera estrambótica.
Los ciudadanos una vez se aprueba la ley o se toma la decisión administrativa deben agachar la cabeza, porque la lentitud de los jueces hace imposible una reclamación pronta de sus intereses. La ley no debería ser el producto del poder de unos pocos sino la expresión de un procedimiento adecuado de control ciudadano y de participación que evite la aprobación atropellada de disposiciones o la inclusión de algunos artículos que ponen sobre los hombros de muchos la responsabilidad de pagar sumas ingentes de dinero que pocos han defraudado. Hay que introducir cambios sustanciales como conceder siempre los recursos en efecto suspensivo y permitir el cuestionamiento de las leyes prohibiendo su aplicación hasta tanto haya una decisión de fondo sobre la legitimidad de las mismas. El paradigma del nuevo derecho debe ser beneficiar al ciudadano del común y no el poder del Estado, que cada vez absorbe más los derechos y libertades de las personas.
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