Cada día los servidores públicos nos sorprenden con decisiones que van en contra de los intereses populares, como aumentar más allá de lo normal y justo los salarios de los congresistas y de los empleados del Congreso, que trabajan 8 meses y solamente 3 días a la semana, mientras los aumentos para asalariados y jubilados se logra entre los límites de la pobreza y la miseria. Y se extrañan los de arriba que las clases medias y bajas de Colombia estén despertando de un letargo que seguramente cambiará el panorama político colombiano en 2022. El Estado no se formó para favorecer a los ricos, sino para garantizar la justicia social. Es cierto que en materia de conocimientos hay serias desigualdades y que el aporte a la economía es desigual, pero esas diferencias las tiene que subsanar una política pública adecuada y constante en el tiempo.
La Corte Constitucional ha sostenido que la igualdad es un concepto multidimensional pues es reconocido como un principio, un derecho fundamental y una garantía. De esta manera, la igualdad puede entenderse a partir de tres dimensiones: i) formal, lo que implica que la legalidad debe ser aplicada en condiciones de igualdad a todos los sujetos contra quienes se dirige; y, ii) material, en el sentido garantizar la paridad de oportunidades entre los individuos; y, iii) la prohibición de discriminación que implica que el Estado y los particulares no puedan aplicar un trato diferente a partir de criterios sospechosos construidos con fundamento en razones de sexo, raza, origen étnico, identidad de género, religión y opinión política, entre otras. (Sentencias T-435 de 2002, T-804 de 2014, T-291 de 2016)
De esas premisas fundamentales podemos concluir que cuando el Estado a través de sus servidores privilegia a quienes están en el poder orientando sustanciosos recursos para crear nóminas paralelas, para adjudicar contratos sin un objetivo concreto y necesario, aumentar la nómina de una entidad para favorecer intereses políticos, mejorar las condiciones salariales con el mismo objetivo, está violando el origen filosófico del derecho a la igualdad, pues mientras a la gran mayoría por no tener el poder que ostentan ciertos sectores de opinión se les discrimina, a los “poderosos” se les premia con todo tipo de prebendas exageradas.
Un cambio interesante, que solamente da el poder de las urnas, para remover a los que dirigen la corrupción, el despilfarro público, la desviación de recursos a intereses particulares y no generales, sería renovar totalmente el Congreso y elegir un Presidente de la República ajeno a los poderes establecidos, que solamente oriente sus esfuerzos al servicio de los más necesitados. Eso no implica que se desconozca el derecho de propiedad o que se pretendan regímenes autoritarios ajenos a la idiosincrasia colombiana, pero sí un cambio de fondo en el uso de los ingentes recursos del Estado a favor de la eliminación de las desigualdades sociales y económicas que hoy tenemos.
Se el primero en Comentar