Parece que el Señor DELAESPRIELLA es quien está atacando el orden constitucional de Colombia y no el Presidente Petro. Es costumbre que una administración que termina entregue informes a la que llega, para efectos de que los programas terminados se puedan evidenciar y los que están en marcha no queden convertidos en “elefantes blancos”, que son obras sin terminar, porque los nuevos gobiernos no apropian los recursos presupuestales y de caja necesarios para continuarlas o entregarlas a las comunidades. Es un asunto de puro trámite. Pero el gobierno entrante quiso convertir el llamado “empalme” en un trámite judicial, algo inaceptable en un Estado de derecho, porque los particulares no son los llamados a decir quién es culpable o inocente, incluso no pueden señalar culpables o inocentes, labor que corresponde a la Fiscalía. En efecto, las abuelas decían que “conociendo el desayuno ya se sabe cómo va a ser el almuerzo”, por lo que los colombianos deben estar alertas a las nuevas posiciones de combate que ha propuesto el gobierno de extrema derecha, que va a asumir el poder, contra media Colombia que votó por la vida y por la paz.
Vale la pena repetir lo que dice la Ley 951 de 2005, de marzo 31, por la cual se crea el acta de informe de gestión. No dice (acta anticorrupción, ni empalme anticorrupción). Desde allí empieza el nuevo gobierno a cambiar la ley y a subvertir el orden jurídico. En efecto, la Constitución dice: “ARTICULO 250º—Modificado. A.L. 3/2002, art. 2º. La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías.” Pero otra situación más grave: el elegido llama a la fuerza pública a desobedecer al actual Presidente, por lo cual tuvieron que responderle desde palacio que este gobierno va hasta el 7 de Agosto, fecha en la que debe asumir el nuevo mandatario.
Este gobierno lleva tres deslices jurídicos de alguien que se precia de ser abogado, y que al parecer su ejercicio ha sido estrictamente de lobby judicial, y no de conocimiento profundo del litigio, porque presuntamente pedía dinero a los clientes para torcer decisiones judiciales, según consta en videos y noticias dadas por los medios de comunicación que deberían investigarse a fondo. La Fiscalía en estos casos actúa de oficio. Ahora bien: Se supone que el artículo 188 de la Carta Política dice que el Presidente “simboliza la unidad nacional”, por lo cual debe “garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”. Empezaron muy mal y puede ser posible que este sea el primer presidente que termina vinculado a procesos penales delicados al iniciar el mandato, por falta de experiencia y por no haberse leído a fondo la Constitución que lo regirá durante el tiempo que él mismo escoja, sin violar la Constitución y la ley. ¿O será que DELAESPRIELLA trae otra constitución en sus bolsillos? Cuál es el miedo de la derecha a que el Progresismo presente un medio de control de nulidad electoral contra la elección de Presidente de la República ante el Consejo de Estado? Temen lo peor? La Inspección judicial sobre los votos puede delatarlos y poner en evidencia el fraude denunciado?
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