Los resultados de las elecciones del 2026 guardan una estela de dudas que ni el mismo Congreso quiere que se ventilen. En efecto, los medios han informado que “ La Cámara cerró la puerta al debate de control político. Con 92 votos en contra y 36 a favor, la plenaria de la Cámara de Representantes rechazó la proposición del Pacto Histórico. La decisión impidió que los funcionarios y autoridades electorales mencionados fueran citados al debate para responder públicamente a los cuestionamientos planteados por la bancada sobre las elecciones presidenciales de 2026”. Es grave lo que pasó? Si, porque el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal dice categóricamente: “ARTÍCULO 67. DEBER DE DENUNCIAR. Toda persona debe denunciar a la autoridad los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio. El servidor público que conozca de la comisión de un delito que deba investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la investigación si tuviere competencia para ello; en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento ante la autoridad competente.”
Lo que hizo el Congreso fue un acto de complicidad con los autores de los presuntos delitos que la justicia debe investigar. No quieren escándalo, ni que el pueblo conozca la hechos ominosos que se están repitiendo casi que en copia de lo que ocurrió con la elección y la reelección de Álvaro Uribe Vélez, que según todas las pruebas que aparecen en expedientes judiciales, se hizo elegir con apoyo de paramilitares y se hizo reelegir con el escándalo de la “yidis política” comprando Congresistas con puestos para lograr el cambio de la Constitución que le autorizó la reelección. Por el escándalo de la «Yidis política» en Colombia hubo seis personas condenadas en total por la Corte Suprema de Justicia: tres altos funcionarios del gobierno que ofrecieron los sobornos y tres excongresistas implicados en la recepción de prebendas o delitos relacionados con el cambio de voto para favorecer la reelección presidencial en 2004. Y NO PASÓ NADA CON EL REELEGIDO BENEFICIARIO DEL DELITO. Raro?
Las sociedades corruptas se mueven a través de redes de favores, la captura de instituciones del Estado y la normalización de prácticas ilegales que benefician a unos pocos. Este engranaje opera mediante la complicidad, el flujo de dinero oculto y la pérdida de control institucional. La corrupción en Colombia frena el desarrollo social, incrementa la pobreza y destruye la confianza ciudadana en las instituciones. Desvía recursos destinados a la salud, la educación y la infraestructura, y debilita la gobernabilidad democrática del país. El robo de fondos públicos deteriora la atención en hospitales y programas de alimentación escolar, afectando a la población más vulnerable. El ejemplo que debe dar el Congreso es de transparencia, pero no, están encantados con el gobierno que les brinda garantías a ellos, con ese silencio cómplice que destruye sociedades, imperios e instituciones. No debería ser así, pero en Colombia estamos dentro de ese barco que se hunde por culpa de los corruptos. El pueblo tiene derecho a saber toda la verdad de lo que pasó. Si no es cierto, se sabrá, y si es verdad también. No con murmuraciones sino con sentencias.
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