A pesar de lo que expresa “el fantoche” Presidente DELAESPRIELLA sobre el control de los grupos armados ilegales, estos forajidos le siguen haciendo pasar vergüenzas al mandatario cuyo comportamiento estrafalario y exagerado, da más la impresión de que nos está dirigiendo un títere y no un verdadero gobernante. Es así como en territorio antioqueño, donde los habitantes pagan billonaria tasa de seguridad, los 20 pasajeros de un bus vivieron horas de terror «luego de que una decena de hombres armados interceptaran el vehículo que cubría la ruta entre Medellín y el municipio de Nariño. Los hombres armados que los interceptaron en la vía los hicieron bajar y procedieron a incendiar el automotor, ante la mirada no solo de los viajeros, sino de quienes transitaban por la zona.” La quema de este bus intermunicipal se produjo a las 7:00 de la noche de este viernes 21 de agosto/2026 en el sector Altamira, jurisdicción del municipio de La Unión, a 15 minutos del casco urbano en dirección hacia Sonsón, situación que llevó al cierre de la vía por varias horas. En otro incidente, cerca de 200 familias tuvieron que salir de sus viviendas en al menos cinco veredas del Norte de Antioquia por amenazas de grupos ilegales. Y eso que Antioquia votó mayoritariamente por DELAESPRIELLA.
Otros hechos de violencia, en este mismo Departamento, después de iniciarse el nuevo gobierno que prometió someter en 10 días a los armados ilegales, están relacionados con el accionar de los grupos ilegales Clan del Golfo (EGC), y ELN, y que aumentan el riesgo y la vulnerabilidad de la población étnica agrupada en el Consejo Comunitario ACADESAN y del pueblo indígena Emberá, especialmente en los municipios de Sipí y Nóvita, con un total aproximado de 405 familias, correspondientes a 1.366 personas, que fueron evacuadas hacia la comunidad de Barranco y el municipio de Istmina.
Según Indepaz, hoy se está mostrando “el mapa de sombras de un país en el que muchas regiones continúan alejadas de la protección de las autoridades, y sus habitantes siguen atrapados bajo el control de diversos grupos armados.” Luego, el cumplimiento del mandato constitucional que ordena “la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, (Art. 22), no puede ser una fantasía por la rabiosa actitud del nuevo presidente que ha prometido acabar mediante el uso de las armas con los violentos en Colombia. No olvidemos que la violencia, trae más violencia. Los grandes imperios que desaparecieron, terminaron borrados de la historia por sus cruentas guerras, buscando y defendiendo territorios y riquezas. Hay que hacer un llamado a la sensatez, porque los procesos de paz iniciados en Colombia no se pueden acabar por la soberbia de un “joven mandatario”, enseñado a los lujos de las grandes ciudades, que cree que los pueblos de la periferia se gobiernan con micrófono en mano y fotos de princesa, y no con políticas publicas eficaces y eficientes, para acabar la pobreza y la desigualdad en la que vive el 60% de la población colombiana. No vale la pena sacrificar la vida de nuestros soldados, cuando esas fuerzas se pueden aplicar al progreso del país y no a la muerte.
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