La desinformación periodística es la difusión intencionada de noticias falsas o engañosas con el objetivo de manipular la opinión pública, generar confusión o beneficiar intereses políticos, económicos o sociales. Se diferencia de la información errónea porque siempre implica una intención maliciosa. Tal maniobra ideológica se realiza con la práctica en la que se crean o difunden contenidos falsos, manipulados o sacados de contexto para engañar deliberadamente a la audiencia. Se relaciona con fenómenos como las fake news y la propaganda. La desinformación siempre busca manipular. Esta práctica ocurre, por ejemplo cuando se difunden resultados de intención de voto sin tener registro en el Consejo Nacional Electoral, o se publican resultados de una intención de voto como si fuera una encuesta, cuando técnicamente no aplican los criterios establecidos por la norma respectiva.
Una situación de ese calibre acaba de ser razón suficiente para iniciar investigación contra la encuestadora ATLASINTEL SAS, EL PAIS y EL COLOMBIANO, por presunta vulneración de las disposiciones sobre encuestas y sondeos, consagrados en la ley 2994 del 2025 (Resolución Sala Plena CNE1101 de 25 de febrero del 2026). Tales encuestas o sondeos ilegales pueden llevar igualmente a cometer el delito de constreñimiento al sufragante, por presionar apoyo o votación a los posibles sufragantes que pueden votar por el candidato de sus preferencias, amparados en el mandato del artículo 253 de la Carta de 1991, que establece el voto como derecho y deber, amparado en el secreto del cubículo destinado para el efecto, sin ningún tipo de coacción, donde el ciudadano escogerá el candidato para dirigir a Colombia entre 2026 y 2030.
Igualmente están circulando por las redes sociales informaciones, que alertan sobre la posibilidad de que se ejerza violencia contra quienes se identifiquen como “comunistas” o que hablen o desplieguen argumentos contra ideologías de derecha. Es decir, están abriendo la puerta para los asesinatos en masa, cuando el artículo 13 inciso 1 de la Constitución establece que “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.” Es posible que sea un aviso o una amenaza contra grupos políticos por razones de su opinión política o filosófica.
Otra puerta que ha abierto la derecha extrema es el plan o proyecto “Júpiter” al parecer liderado por los empresarios colombianos con la dirección de Jaime Bermúdez exministro de Alvaro Uribe Velez, y que consiste en una presunta estrategia de comunicación política y manipulación de la opinión pública en Colombia, revelada en abril de 2026 por medios como la Revista Raya y Señal Investigativa, con el objetivo de influir en las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026. Según los textos publicados se cita a los trabajadores de las empresas y se les dice claramente que si gana el candidato Cepeda va a desaparecer el plato de comida de la mesa de los concurrentes, amenazándolos tácitamente con despidos y hambre. El Presidente y la Fiscalía deben poner atención a tales ejercicios antidemocráticos, llamando al indiciado según la opinión pública, a rendir interrogatorio sobre esa materias e incautar el material de los textos contentivos de las mencionadas conferencias.
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