
Todo el que tiene el poder hace las constituciones como le viene en gana. No importan las consecuencias, pues ellos mitigan los efectos con el uso de la fuerza pública sobre el pueblo, que es el verdadero constituyente. Tanto Francia como Rusia tuvieron que hacer sendas revoluciones para liberarse de la Monarquía que consideraba que la ley de la sangre era suficiente para quedarse en el poder toda la vida de los gobernantes y sus sucesores. Pero fallaron en el intento, cuando el pueblo decidió sacrificar sus vidas para erradicar la absurda costumbre de que el poder viene por herencia y por sangre. En ambos casos el hambre y el abuso del poder llevaron al resultado que hoy todos conocemos. Solamente sobreviven en el mundo una veintena de reyes y condes, que se creen superiores a todos los demás y con derecho a la opresión y al irrespeto. La expresión “tú te callas” es la típica réplica del autócrata y del soberbio que considera que más allá de él solamente su sombra.
La tridivisión de poderes y la creación a otros órganos autónomos es la más clasista de las divisiones sociales, profesionales y técnicas. Creada para supuestamente prevenir los abusos del gobernante y controlar el poder con balances de autoridad, hemos engendrado un monstruo de varias cabezas, que impide que el pueblo constituyente primario gobierne de manera directa, porque lo consideran bruto y mal preparado para asumir tamañas responsabilidades. Son las élites, que pueden pagar para hacerse elegir, las que dicen qué es bueno y qué es malo para el pueblo como si de criaturas en crecimiento se tratara. Hoy las verdaderas dictaduras están en manos de los jueces y no de los presidentes o reyes. La Corte Constitucional, por ejemplo, se ha arrogado el poder de decir qué normas constitucionales no se pueden cambiar con la tesis de “que no se puede sustituir la Constitución”, cuando el Congreso la va a reformar y que tal decisión tiene que tomarla el pueblo directamente como soberano. Pero cuándo lo convocan? Y la tutela, el gran logro de la Constitución de 1991, la han convertido en algo imposible porque siempre habrá que probar el perjuicio irremediable, pues habrá al mismo tiempo “otro medio de defensa judicial”. Al pueblo siempre le hacen conejo para no sacarlo de donde está.
Los jueces tienen el principio de autonomía, lo cual les facilita hacer y deshacer, porque no hay respeto por el precedente, pues nadie lo hace cumplir, tarea que debería encargarse a la Comisión de Disciplina Judicial y, limitadamente, el gobierno tiene a su favor el principio de presunción de los actos administrativos, que también lo dota de poderes omnímodos hasta cuando un juez con autonomía propia dice qué se hace y qué no se hace.
Tales principios son malos por las siguientes razones: en el caso de los jueces deben ser independientes y sometidos al imperio de la ley, pero fundamentalmente a la valoración de las pruebas que las partes aporten a los procesos. (Art. 228 y 230 Constitución). No se habla del precedente que deberían fijar las altas cortes, pues en el fondo, las decisiones de última instancia son las que dan tranquilidad en el manejo del derecho, por la experiencia y el conocimiento adquiridos durante toda una vida de trabajo en la judicatura. En relación con los servidores públicos de la administración el principio presunción de legalidad es una herencia nefasta de las monarquías absolutas que debería ser cambiado con la aplicación del principio de la buena fe, y que impida que mientras no haya decisión judicial en el caso de procesos que terminan con una decisión que va a un proceso ejecutivo la persona pueda ser embargada o sometida a restricciones para el ejercicio de su poder de disposición sobre sus bienes. En Colombia seguimos respetando la intromisión de los reyes y sus abusos aún cuando las monarquías ya casi desaparecen de la faz de la tierra.
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