Desde el principio de los tiempos en las monarquías y luego en las democracias se ha tratado de imponer una moral política, que consiste en reglas de comportamiento que no se deben violar por parte de quienes ostentan el poder. En defensa de los derechos, algunos filósofos han hablado del respeto irrestricto a la vida, la libertad y la propiedad privada cuando esta es fruto del trabajo honrado. Y, en cuanto a las reglas básicas, han expresado que “lo que no es correcto no se debe hacer, y lo que no es verdad no se debe decir”. Para Aristóteles, la moral y la política están unidas porque el fin del Estado es hacer virtuosos y felices a los ciudadanos. Y, agregaba: “La moral del individuo y la moral del Estado tienen la misma esencia. Un Estado actúa de forma moral si promueve buenas acciones y justicia.” Ahora bien, Colombia es una democracia moderna, y en su constitución incluyó los siguientes principios en el artículo 1º: Es un Estado social de derecho, con democracia participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad de la persona humana, la solidaridad y en la prevalencia del interés general. Hasta allí, podemos encontrar un contexto aplicable a todos en la sociedad. Pero los políticos tienen la costumbre de crear reglas para ellos mismos, desconociendo la ley escrita y vigente, y en sus comportamientos, parece que aplicaran reglas de moral y ética, creadas para otros países, no para Colombia.
Es hora de que repasemos lo elemental: el Código penal establece como conductas típicas los delitos de injuria y calumnia, dentro del Capítulo de los “delitos contra la integridad moral”. La injuria castiga “hacer a otra persona imputaciones deshonrosas” y la calumnia “imputar falsamente a otro una conducta típica”. También se incurre en injuria y calumnia indirecta “quien publicare, repitiere injuria o calumnia imputada por otro, o quien haga la imputación de modo personal o con las expresiones se dice, se asegure u otra semejante”. La Corte dijo en la Sentencia T-487/23 lo siguiente: “(…) los tipos penales de injuria y de calumnia y, desde luego, la pena de prisión prevista en ellos, no se refieren de manera puntual y exclusiva a la actividad periodística, sino que aluden a cualquier expresión vertida por una persona, sea en el marco de dicha actividad o por fuera de ella. En tales tipos penales se protege, en general, valga decir, respecto de todas las personas, su derecho al buen nombre y a la honra, con independencia de su profesión, oficio, actividad o figuración pública.”
El cambio de gobierno ha desatado una hola de acusaciones y de señalamientos contra el gobierno saliente. Con base en la decisión de constituir un gabinete en la sombra por parte de la oposición, el Alcalde de Medellín de aseguró en su cuenta de X el 26 de Agosto de 2026, que “en el gabinete opositor hay más de 2.000 años de cárcel”. La afirmación se reprodujo por el diario El Colombiano en primera página. Y en otros medios y en redes sociales se hizo lo mismo. Luego allí hay dos instrumentos para llevar a la justicia a quienes publicaron el llamado Libro de la Verdad, que según el presidente DELAESPRIELLA y sus ministros en este se revelan delitos cometidos presuntamente por la administración anterior, sin prueba alguna. Luego, es hora de que el Pacto Histórico y el Progresismo lleven ante la justicia estos dos casos, de injuria y calumnia evidentes contra quienes están ejerciendo el papel de defender la democracia y sus principios. La justicia no perdona y las palabras dichas o escritas ya nada las borra. Hora de probar que la justicia en Colombia funciona. El equipo de abogados de los partidos, deben estar, en primer lugar para defender la integridad moral de sus líderes y de sus miembros. La sociedad no está para soportar mentiras, repetidas cada hora y todos los días. Llevemos ante los jueces a los responsables.
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