La justicia social se basa en la búsqueda de la equidad, la igualdad de oportunidades y la dignidad humana. Sus fundamentos modernos se enfocan en garantizar que todas las personas, sin importar su origen, religión, opinión política o filosófica, tengan acceso a derechos básicos y a los recursos necesarios para desarrollar su máximo potencial. Dos puntos importantes de la justicia social son la seguridad y la igualdad en el ejercicio de las garantías individuales que señala nuestra Constitución Política y la disposición permanente del Gobierno de moderar las inequidades y procurar la igualdad de oportunidades.
La profunda desigualdad en Colombia responde a una combinación de factores estructurales e históricos, entre los que destacan la antiquísima concentración de la tierra, la informalidad laboral, la exclusión del sistema educativo, la centralización del desarrollo económico y el prolongado impacto del conflicto armado.
Según datos del DANE, en 2024 la pobreza monetaria en Colombia se ubicó en 31,8 %, disminuyendo 2,8 puntos porcentuales respecto a 2023 (34,6%). Con estos resultados, la pobreza alcanzó su nivel más bajo desde 2012, es decir en los últimos 13 años. La pobreza extrema disminuyó 0,9 puntos porcentuales y se situó en 11,7%, ubicándose por primera vez por debajo de los niveles registrados antes de la pandemia. La pobreza multidimensional sigue cayendo en Colombia: el Índice de Pobreza Multidimensional bajó de 11,5 % en 2024 a 9,9 % en 2025. Más de 1.200.000 salieron de la pobreza en el 2024, y 4.500.000 hogares recibieron alguna ayuda monetaria en subsidios en el 2024. Hasta el gobierno de los Estados Unidos destacó en un informe la caída de la pobreza y el desempleo en Colombia durante el Gobierno de Gustavo Petro. El estudio del Centro de Investigación en Economía y Política señala que más de 2 millones de personas salieron de la pobreza monetaria desde 2022.
Por tanto, la paz en Colombia es un requisito indispensable para alcanzar la igualdad social y económica. El conflicto armado histórico ha concentrado la violencia, la pobreza y el abandono estatal en las regiones más vulnerables. Superar estas brechas exige la implementación de acuerdos que garanticen el desarrollo territorial, la justicia social y la equidad de género. La terminación de las hostilidades permite la inversión social, la sustitución de economías ilícitas y la reforma agraria, elementos vitales para cerrar el hueco de pobreza entre las ciudades y las zonas más afectadas por la guerra. El gobierno del Cambio debe seguir con Iván Cepeda si queremos llegar al año 2050 con un territorio saneado de violentos y de pobreza extrema. No se trata de eliminar al contrario, sino de vincular a todos al cumplimiento del artículo 22 de la Carta que establece la paz como derecho y deber de los colombianos y residentes en el país.
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