A la derecha colombiana la ha quedado difícil entender cómo se armonizan el Estado social de derecho y la función social de la propiedad y de la empresa. Pero basta leer el Artículo 333 de la Constitución para descifrar sin tanta dogmática que los ricos no pueden explotar a los pobres con el régimen constitucional que nos regula. Por eso se afirma en aquel texto que “la actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común”. Ahora bien, “el concepto de interés general es una cláusula más indeterminada cuyo contenido ha de hacerse explícito en cada caso concreto. Entre tanto, el de “interés social”, que la Constitución emplea es una concreción del interés general que se relaciona de manera inmediata con la definición del Estado como social y de derecho”. Así lo ha expresado la Corte Constitucional en diferentes providencias.
Por otra parte, es precisamente el carácter jurídicamente abstracto e indeterminado del concepto de interés general, lo que ha llevado a que las constituciones liberales modernas consideren la necesidad de armonizarlo con los derechos individuales y con el valor social que tiene la diversidad cultural. Por ello, constituye un requisito indispensable para la aplicación de la máxima de la prevalencia del interés general, que el operador jurídico analice minuciosamente las particularidades de cada caso, intente armonizar el interés general con los derechos de los particulares y, en caso de no ser posible, lo pondere teniendo en cuenta la jerarquía de valores propia de la Constitución.
El facilismo de algunos senadores y representantes de la derecha colombiana, es decir que lo social es comunismo y socialismo, lo cual se aleja mucho de la verdad. Pero la jurisdicción constitucional ha dicho que con el término social se señala que la acción del Estado debe dirigirse a garantizarle a los asociados condiciones de vida dignas. Es decir, con este concepto se resalta que la voluntad del Constituyente en torno al Estado no se reduce a exigir de éste que no interfiera o recorte las libertades de las personas, sino que también exige que el mismo se ponga en movimiento para contrarrestar las desigualdades sociales existentes y para ofrecerle a todos las oportunidades necesarias para desarrollar sus aptitudes y para superar los apremios materiales.
Ahora, la diferencia entre los gobiernos de la derecha anteriores a 2022 con el actual gobierno es que aquellos ayudaban con la legislación que producían sus mayorías políticas a proteger el capital de los ricos, mientras el Presidente Petro ha puesto sobre el tapete una política diferente que privilegia la inversión social sobre el pavimento y las grandes obras de infraestructura. Lo lógico sería que el crecimiento de la economía fuera igual para ricos y pobres en los mismos porcentajes, pero las leyes no están escritas para eso. De allí que la derecha sabotee todo proyecto que presenta el Presidente Petro en beneficio de los pobres, porque los ricos afirman que eso es comunismo y ayudar a los “vagos” y “desocupados”, que no quieren trabajar. Luego, un Estado social de derecho si no llega a acuerdo sobre estos temas tiene que imponerlos con las mayorías populares, con la fuerza de sus votos, para lo cual está programado derrotar por segunda vez a la derecha en las elecciones del 2026. Veremos si el pueblo responde o se deja comprar sus votos; y si prefiere el interés personal de unas “tejas baratas” y “una botella de ron” o el interés social y el respeto de sus derechos a la vida, la salud, a la educación y al trabajo.
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