Es claro que la asamblea nacional constituyente que expidió la Constitución de 1991, no fue el producto de las mayorías nacionales sino de las mismas élites que estaban en el poder en ese momento, resultado de sus dos centurias de control del gobierno (47 de los 70 constituyentes eran de la derecha). En la memorias de ese evento político se dijo que “El Jefe de Estado y en particular si es un Presidente elegido por el sufragio popular, puede reclamar un mandato político directo y de orden nacional, mientras que le mandato de los Congresistas o el de los ministros tiende a ser local y particularista…”(Una constituyente para la Colombia del Futuro. FESCOL.1990 PÁGINA 43). El texto dejó 65 artículos transitorios, para ser desarrollados por el Gobierno y el Congreso. Recordemos que para elegir los Constituyentes votaron 3.600.000 personas y que hubo una abstención del 70%. Petro obtuvo más de 11 millones de votos y lo bloquearon desde el Congreso.
En 1991 hasta la Universidades proclamaban la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, para cambiar la Carta de 1886 y sus reformas, que no trajo igualdad ni justicia, sino que dejo como herencia los más atroces crímenes políticos, violencia en los territorios, el monopolio del poder entre liberales y conservadores, masacres, el acaparamiento de las tierras productivas y una justicia más dedicada a la política que a fallar imparcialmente los casos que se sometían a su consideración.
Para la época en que la derecha aceptó convocar la Constituyente decían en los textos publicados que “Todo el esfuerzo colectivo detrás de la Constitucional se justifica en últimas, por la posibilidad- así sea remota- de acercarnos a la convivencia pacífica, la superación de la violencia y el fortalecimiento de las instituciones democráticas del país”. Pero los gobiernos que iniciaron la inauguración de ese proceso Constituyente no dejaron al país en paz, por el contrario, el narcotráfico y la guerrilla se apoderaron de las Instituciones y la herencia que le dejaron a Petro fue una país en guerra, con territorios quebrantados social y económicamente, es decir, todo lo contrario de lo que se buscó con esa reforma de la Carta. Es más la violencia se patrocinó desde las mismas instituciones oficiales a través del DAS, la creación de fuerzas paramilitares y una rama judicial lenta y dormida frente a sus esperadas decisiones de “pronta y cumplida justicia”. El Artículo 228 dice: “Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”. Pero las excusas, las funciones electorales de las Cortes, la politización de los concursos y la falta de dedicación exclusiva a los fallos, confunde congestión con violación de términos procesales obligatorios.
La Sentencia T-404 de 1992 muestra que el principio cardinal de la Constitución de 1991 fue establecer a Colombia como un “Estado social de derecho” y, eso no es comunismo es juridicidad. Para la Corte todos los derechos son fundamentales, como el de propiedad, por la conexidad que existe entre éste y el derecho a la igualdad. Decir que los Colombianos que piden cambio es porque son comunistas o guerrilleros, es hostigamiento y discriminación, para facilitar el atropello a las mayorías populares cuando se manifiestan públicamente en marchas o protestas (Art. 134B del Código Penal). Pero hay un expresidente que todos los días delinque discriminando y hostigando, y la justicia no actúa contra personajes o personajillos por el “poder institucional” y el miedo que le generan a la Fiscalía y a las Cortes. La Constitución no es inmodificable, al contrario, los colombianos mayoritariamente tenemos el derecho de aprobar una nueva la Constitución que haga efectivos nuestros derechos y que obligue a todos a cumplir con sus obligaciones, empezando por los poderosos y las élites que controlan el Congreso.
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