El monto definitivo y detallado para la asignación específica de la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) en el año 2027 aún se encuentra en la etapa de discusión, pero su monto global o techo aprobado por las comisiones económicas del Congreso es de $634,9 billones. Y con las maniobras de salvamento que está haciendo el Presidente ABDELAESPRIELLA, para proteger las EPS quebradas por sus propios dueños, algunos de los cuales se llevaron recursos del sistema para cuentas en el exterior o para construir clínicas particulares, la cifra puede superar los $1000 billones. No es una suma cualquiera, es un botín para los que se dedican a esas labores, que más que parte del servicio público de la Nación, es la Caja menor de algunos avispados que desde antes de 1998, ya se han especializado en defraudar sus cuentas, sacándose el dinero a pedacitos, para su lucro personal.
Solamente en la última década se calculan estas cifras por informes de la Contraloría y de la propia ADRES: $14 billones de pesos entregados a diversas EPS que «desaparecieron» o de los cuales no hay claridad o soportes contables sobre su uso final (Años 2020-2024). Un informe especial de la Contraloría detalló que al menos 18 EPS utilizaron $9 billones de pesos provenientes de la UPC para fines totalmente ajenos a la atención médica de los pacientes, como pago de deudas de otras empresas, inversiones o gastos administrativos indebidos. Una auditoría detallada de la ADRES destapó que el sistema facturó fraudulentamente $2.3 billones de pesos en servicios médicos prestados a personas que ya habían fallecido o mediante la alteración de datos de usuarios inexistentes. (2018-2023). El sector salud ha sido uno de los más afectados de los últimos 30 años, acumulando pérdidas históricas estimadas de manera combinada entre $30 y $40 billones de pesos en valores constantes. Estas cifras ameritarían un cuerpo especializado de jueces encubiertos, para llevar a la cárcel a todos los ladrones. Los métodos más utilizados han sido : integración vertical, cobros de medicinas no entregadas, cobros por servicios prestados a personas fallecidas o duplicados, giros a proveedores no legalizados o sin soportes reales.
Ahora, como siempre ocurre con los poderosos, el presupuesto público se apresta a ser saqueado en temas de salud, estableciendo por parte del nuevo gobierno una política de salvamento sin investigaciones y auditorías previas, sino legalizándoles sus fechorías a los bandidos de la salud, con el argumento de que no todas las EPS pueden ser liquidadas. Tiene que haber justicia, porque ya sabemos que el esquema de Saludcoop, el cartel de la hemofilia, el cartel de los locos, las liquidaciones de Caprecom y Cafesalud, si fueron reales, existieron, pero dejaron grave hueco fiscal, mediante robo del dinero público e ineficiencia administrativa. ¿Apoyará el nuevo gobierno a los corruptos que se han quedado con dineros de la salud, antes de investigarlos y sancionarlos? ¿Será el nuevo gobierno cómplice necesario de esos delitos que quedarían impunes?
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