La capital del país tiene graves situaciones de carácter social, económico y de seguridad que debe resolverse en el corto plazo, porque de lo contrario, la mayoría de los habitantes de estratos medios (4 y 5) se moverán hacia municipios de la sabana Cundinamarca, donde el desarrollo es más notorio y la calidad de vida ha mejorado según índices de las grandes empresas colombianas. Empecemos por el más grave: la ocupación de la tierra rural y la seguridad alimentaria. Para ello hay que entender qué son las APPA. Las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos son zonas rurales protegidas en Colombia destinadas exclusivamente a la producción agropecuaria para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria del país. Pero el gobierno DELAESPRIELLA, apoyado por el Alcalde Galán, quiere eliminarlas, cuando ellas son la garantía de comida para Bogotá. Además, son la base del ordenamiento territorial, el cuidado del suelo sabanero y el apoyo del campesinado cundinamarqués y bogotano.
El otro gran problema es la inseguridad, porque según el Concejo de Bogotá los índices de inseguridad en la capital muestran un comportamiento mixto durante el periodo comprendido entre 2021 y 2026, caracterizado por una marcada fluctuación en los homicidios y un aumento preocupante en delitos económicos sofisticados. En efecto, El cibercrimen y los delitos financieros ocuparon un lugar prioritario en las denuncias criminales debido a la proliferación de fraudes digitales. El 76,6 % de los ciudadanos en Bogotá se siente inseguro según los reportes más recientes de percepción institucional de 2026, según publicaciones de prensa. En la página de un Concejal de la ciudad se anota que “en lo corrido del año aumentaron los delitos de alto impacto en 6.8%, el hurto a personas subió 7.7%, los delitos sexuales crecieron en 26.6% y, como si fuera poco, el 40% de los hurtos se cometen en forma violenta con uso de armas”.
El tercer problema es la movilidad. Para la vigencia fiscal de 2026, el sector Movilidad de Bogotá cuenta con una asignación de $9,2 billones el 22,7% del presupuesto total del Distrito. Ahora, lo importante es precisar que las dificultades de movilidad en la capital son más notorias, especialmente en horas pico. Entrar a Bogotá o salir de ella es casi una odisea, todo por cuenta de la congestión vehicular masiva, un sistema semafórico de pequeña ciudad, el deterioro de la malla vial y los constantes impactos de las obras públicas y el estacionamiento irregular. Bogotá es un parqueadero a cielo abierto.
Las consecuencias de estos tres problemas son: si eliminan las APPA en la sabana, los constructores de vivienda se apoderarán de la tierra productiva para sembrar edificios, que con el tiempo no tendrán agua, porque la toman de las fuentes subterráneas que hoy sirven para regar los predios rurales cultivables. Y la tierra podría hundirse al quitarle el soporte hacia la superficie que da el poder del agua bajo tierra. La inseguridad se combate, con articulación de organismos de inteligencia con el personal operativo, con respuestas rápidas para las capturas y con un sistema judicial que administre pronta y cumplida justicia. Y el tercer problema debe ser atacado con una financiación por parte del Distrito de la tarifa, con tasa superior al 50%. Si la tarifa no es apoyada por el Estado, nadie se va a bajar de las motos, ni del carro particular y menos con las experiencias de los actuales pasajeros que señalan situaciones como la saturación de Transmilenio en horas pico, combinada con la alta inseguridad, la evasión masiva del pago y el deterioro de su infraestructura. Bogotá cómo vamos? De mal en peor.
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