Los gobiernos se vuelven ineficientes debido a una combinación de factores estructurales, como los burocráticos y los incentivos económicos diferentes a los del sector privado. A diferencia de una empresa privada, que debe ofrecer un buen producto a un precio competitivo para sobrevivir, una entidad pública no desaparece si falla. Con frecuencia, cuando una agencia estatal fracasa o es ineficaz, en lugar de reducirse, se le asigna un mayor presupuesto bajo el argumento de que «le hacían falta recursos». Cuando la responsabilidad está fragmentada entre múltiples oficinas y funcionarios, las decisiones se diluyen, los trámites se vuelven extremadamente lentos y lo que se aprueba suele llegar tarde. Muchos grupos de interés presionan al Estado para obtener leyes, subsidios o contratos a su medida en la búsqueda de más riqueza privada, con perjuicio de la inversión pública.
Hay muchas cosas que se pueden hacer para eliminar la ineficiencia y la corrupción en el sector público. Y debemos empezar por garantizar la seguridad jurídica, laboral y física de quienes alertan sobre actos de corrupción, tanto en el sector público como en el privado. Pero, además, hay que involucrar a la ciudadanía mediante herramientas de veeduría y participación activa en la vigilancia de los recursos públicos. Deben existir líneas rápidas de denuncia para aprehender a las personas por sus actos corruptos. Eso se logra sin escándalos, con una recolección privada de la prueba por fiscales de carrera, que encuentren las evidencias y las lleven ante los jueces de manera pronta y reservada. La existencia de jueces sin rostro es una forma de proteger a quienes administran justicia. Eso evita la compra de la justicia y la impunidad.
Los jueces especializados en casos de corrupción son individuos o tribunales específicos creados dentro de los sistemas judiciales de diversos países con el objetivo de investigar, juzgar y sancionar con mayor celeridad y eficacia los delitos vinculados al enriquecimiento ilícito, el soborno, el lavado de activos y el crimen organizado. La impunidad de los casos de corrupción a gran escala y la naturaleza transnacional de la corrupción también han dado lugar a peticiones para la creación de un tribunal internacional anticorrupción (IACC). En algunos países funcionan estos tribunales y en otros casos se han eliminado, alegando exceso de expedientes o corrupción dentro de las propias unidades especializadas.
La corrupción entre el sector público y el privado es una relación simbiótica en la que confluyen el abuso del poder político y administrativo con los intereses comerciales o de lucro de las empresas. El abuso de los recursos públicos para beneficiar a un grupo pequeño de individuos, involucra explícitamente el poder y la política, también al sector público y al privado y sus efectos en políticas, instituciones y el progreso de cada país. Es decir, el abuso del poder público para el beneficio privado. En un estudio de Transparencia Internacional se habló de altos niveles de corrupción pública con acciones que atentan contra las democracias y el estado de derecho en la gestión de la crisis del COVID-19, dificultando la tarea de los sistemas de salud en cuanto al manejo de la crisis, tamizaje de pruebas, estadísticas biosanitarias y la gestión y compra de lotes de vacunas. A pesar de la crisis moral, hay que hacer algo más agresivo, pues si no se acaban la corrupción y la ineficiencia estatal las sociedades seguirán oscilando entre la miseria generalizada y la riqueza de unos pocos.
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