Todos creíamos que con los 10 millones de víctimas que tenemos que indemnizar sería suficiente y que en estos nuevos gobiernos dedicaríamos los esfuerzos a esa tarea y a terminar los procesos de paz emprendidos por otras administraciones. Según los registros de Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz) y verificaciones de ColombiaCheck, durante el gobierno de Iván Duque (del 7 de agosto de 2018 al 7 de agosto de 2022) se registraron 313 masacres, las cuales cobraron la vida de aproximadamente 1.192 víctimas. Y en el gobierno Petro, a pesar de los esfuerzos que se hicieron para lograr la paz total “según los registros de organizaciones como Indepaz y reportes de seguimiento difundidos por distintos sectores y medios de comunicación, desde el periodo iniciado el 7 de agosto de 2022 y terminado el 7 de agosto de 2026, se contabilizaron unas 350 masacres que dejaron por lo menos 1.200 víctimas fatales.” Y si eso ocurre en una democracia es porque algo está fallando en sus estructuras económicas y sociales, pues en otros países, con niveles de pobreza más elevados, no se ven tantos crímenes de esa naturaleza.
El último incidente ocurrido en Planadas-Tolima dejó cuatro personas muertas, entre ellas una bebé de dos meses, tras un atentado con explosivos perpetrado la noche del domingo en Planadas, sur del Tolima. El ataque dejó además 17 heridos y afectaciones en viviendas, locales comerciales y el hospital del municipio, según el Ministerio de Defensa. Mientras tanto el presidente DELAESPRIELLA que ejerce como “comisario de policía” y no como comandante en Jefe de las fuerzas militares, patrulla los rincones sin poder encontrar a los cabecillas del desorden, y se contenta con capturar a pequeños ayudantes de aquellos que ejercen como “capos” de tales organizaciones criminales. La fuerza pública ha recibido en Colombia amplio respaldo de todos los gobiernos, pero no ha sido posible exterminar el negocio del narcotráfico que, apoyado además por extorsionistas, han llenado de sangre todos los territorios de Colombia.
No hay semana en que no llegue a los hogares la noticia de que un ser querido perdió la vida a mano de esos Grupos Armados Organizados, pero impedir esos crímenes se ha vuelto imposible. Qué está fallando? porque parece que la persistencia y el crecimiento de los Grupos Armados Organizados (GAO) en Colombia obedecen a fallas estructurales combinadas con giros bruscos en las políticas estatales. Informes de centros de pensamiento advierten que desde 2016 se ha registrado una expansión armada sin precedentes y nuevas dinámicas de violencia, lo que demuestra limitaciones en las estrategias utilizadas tanto de corte pacífico como militar. Desafortudamente, las personas votaron por un candidato que desde la campaña fijó reglas de juego a favor de la violencia, para combatir a los desadaptados sociales y esa combinación se vuelve contra las instituciones democráticas que, en vez de reflejar avances en el control militar y policial, muestra una fuerza de tornado en los ciclos de violencia interna, que parecen no tener final.
La falta de continuidad de las políticas públicas contra los violentos y tras el fracaso o cierre de mesas de diálogo, el Estado suele recurrir a una confrontación directa y a la militarización territorial (como el despliegue ordenado en zonas de frontera), la cual es criticada por analistas por llegar de forma tardía cuando las estructuras delictivas se consolidan y expanden metódicamente cada día. El debate sobre si el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado —a menudo denominado violencia estatal— es la vía adecuada para combatir a los Grupos Armados Organizados (GAO) en Colombia divide a expertos, analistas políticos y defensores de derechos humanos. Diversos sectores insisten en que los GAO nacen y se fortalecen allí donde el Estado está ausente. Por ello, argumentan que la verdadera solución no es enviar más tropas de manera temporal, sino llevar «presencia civil»: jueces, escuelas, hospitales, vías de comunicación y proyectos productivos que sustituyan las economías ilícitas. Los colombianos deben decidir la mejor solución dentro de las instituciones democráticas vigentes y no derivar en una dictadura aparente que no obtenga soluciones efectivas, ya que la violencia que soportan algunos territorios sí es real.
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