El conflicto armado interno en Colombia ha dejado un total de 10.216.759 víctimas, según las cifras del Registro ÚnicodeVíctimas (RUV). Esta base de datos oficial consolida todos los hechos victimizantes denunciados en el país. El Congreso alguna vez abrió sus puertas para oír los testimonios de quienes habían vivido la guerra en carne propia. Hablaron madres que buscaban a sus desaparecidos, campesinos expulsados de sus tierras y sobrevivientes de masacres. Los medios han informado las noticias, pero ha faltado un verdadero compromiso para restablecer los derechos de esos millones de personas que han padecido hechos de violencia en todo el territorio. Mujeres, personal de la fuerza pública, afrodescendientes, indígenas, raizales y población LGBTIQ+. Es muy grave y deprimente que los hechos de violencia hayan ocurrido, en algunos casos, cometidos por agentes del Estado. Pero no podemos seguir lamentándonos. Es hora de actuar y reconocer económicamente a quienes padecieron el peso de esas desgracias.
Durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, se ha reportado la indemnización de más de 600.000 víctimas del conflicto armado, con una inversión histórica en el país. La inversión y recursos:se ha reportado desde el gobierno una destinación de hasta $27,7 billones de pesos para la atención, asistencia y reparación integral de las víctimas. Además, se han concertado más de 200 planes de reparación colectiva para comunidades afectadas por el conflicto armado. Lo menos que podemos hacer todos los colombianos es apoyar al gobierno entrante, que seguramente será la continuación del proyecto progresista, para que se destine una suma fija anualmente, para aplicar las indemnizaciones restantes, de manera que nadie quede por fuera de ese beneficio. Todos los colombianos, con los impuestos que pagamos, tenemos que asumir esa deuda social y económica, por las orientaciones fascistas de gobiernos anteriores, que “creaban un enemigo interno”, para vaciar sus armas o comprometer paramilitares, a fin de sanear el país y alcanzar una paz que no se ha logrado de manera total.
Las víctimas de un conflicto armado interno, como en el caso de Colombia, pueden ser indemnizadas a través de una ruta de reparación administrativa y judicial, y contempla una compensación económica destinada a reconstruir sus proyectos de vida por hechos como desplazamiento, homicidio, secuestro, tortura o violencia sexual. La reparación integral es un mecanismo de justicia diseñado para restituir, compensar y garantizar los derechos de las víctimas. Según los estándares internacionales y normativas como la Ley de Víctimas, comprende 5 medidas principales: Restitución, Indemnización, Rehabilitación, Satisfacción y Garantía de no repetición. Las víctimas reclaman atención médica, psicológica, jurídica y social para su restablecimiento físico y mental. Un gobierno fascista como el que ofrece Abelardo dela Espriella, no pondrá un peso para víctimas, porque ese sector niega las masacres y los falsos positivos. Solamente IVAN CEPEDA CASTRO velará porque en los próximos 4 años se apropie el dinero para las víctimas que faltan por indemnizar. Vamos por el gobierno de LA PAZ y POR LA VIDA.
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