El gobierno del Presidente Petro ha tenido tres buenos desenlaces jurídicos en la última semana: el fallo de la Corte Internacional de justicia sobre la delimitación de áreas con Nicaragua, el fallo de la Corte Constitucional que no abordó de fondo la demanda contra las normas de la paz total por falta de carga argumentativa del actor y el restablecimiento del pago de la mesada 14 para miembros de la fuerza pública, con la revocatoria de una auto del Consejo de Estado que había declarado una suspensión provisional. La derecha extrema que se jacta de todos los ataques contra el Gobierno del Presidente Petro y sus medios de comunicación esperaban en los tres casos un gran fracaso pero no pudieron usar los titulares que seguramente tenían preparados para denostar de la capacidad jurídica del Estado para defender derechos e intereses comunes a todos o a un grupo de ciudadanos.
El Presidente había cambiado a los abogados dentro del litigio con Nicaragua. La derecha esperaba que aquellos sabios que se habían reemplazado para defender los intereses de la Nación eran mejores que los nuevos y que al renovar el grupo de litigantes el gobierno perdía consistencia y poder en las tesis defensivas. No fue asì y el nuevo equipo fue rotundo al vencer al Estado Centro americano derrotando sus pretensiones. En el caso de la Corte Constitucional la corporación se declaró inhibida, y no hubo fallo de fondo por defectos de la demanda que atacaba la paz total. Ya la prensa auguraba la derrota en la Corte después de haberse filtrado el contenido de la ponencia del Magistrado Ibáñez que declaraba la inexequibilidad parcial del texto. La paz total es parte clave del programa del Pacto Histórico y su éxito permitirá que Colombia recobre la paz perdida por los “ánimos guerreristas” y combativos de la derecha que usa a la fuerza pública no para amparar derechos fundamentales sino para violarlos.
En el tercer caso el máximo Tribunal de lo Contencioso administrativo revoca el auto que suspendìa el pago de la mesada pensional de los retirados de la fuerza pública. Se le atribuía al Presidente Petro y a su Ministro de Defensa el no pago de ese dinero. Pero la verdad es que las confusas modificaciones que se le hicieron al artículo 48 de la Carta Constitucional de Colombia en el Gobierno de Álvaro Uribe, generó esa confusión. El inciso 13 del Art. 48 de la Constitución dice con claridad “Las personas cuyo derecho a pensión se cause a partir de la vigencia del presente acto legislativo (01 de 2005) no podrán recibir más de trece (13) mesadas pensionales al año”. Por mucho que lo niegue el expresidente fueron muchos los afectados y eso se debe a su gobierno.
Raro sí que en el gobierno Duque tumbaron la modificación a la ley de garantías (C-153/2022) y los dineros de esos contratos no han sido restituidos al tesoro público, o por lo menos no lo han informado asì la Fiscalía ni la Procuraduría, tan expertas hoy en hacer oposición. Tampoco han informado qué pasó con los cargos en provisionalidad de ambas entidades, especialmente la última que creó 2000 puestos para funciones jurisdiccionales y dicha funciones están desaparecidas (C-030/23). La Fiscalía tiene más de 4000 cargos en provisionalidad y no han convocado todos los concursos, lo que significa que se nombran a dedo y no por méritos. Para la Fiscalía y la Procuraduría no hay críticas por parte de los medios de comunicación y periodistas de derecha a pesar de sus graves omisiones y su actividad politiquera.
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