No es ilógico que cada medio de comunicación tenga sus candidatos en la actividad política. Al fin y al cabo los periódicos, la televisión privada y las emisoras viven de la publicidad que entrega el Estado y si sus amigos están en el poder más dinero recibirán y más apoyos tendrán de sus parciales cuando van ganando y tienen el gobierno. Lo que no es correcto es que esos periódicos y periodistas quieran imponer a sus candidatos y desconocer la verdad y el principio de imparcialidad que la Constitución les ordena y que la prudencia aconseja. Empecemos por reafirmar lo que ha dicho la Corte Constitucional: “la libertad de expresión no es un derecho absoluto”.
En Sentencia T-219 de 2009, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional reiteró que si bien los medios de comunicación desempeñan una actividad fundamental para la vida democrática, promueven el equilibrio social y contribuyen a establecer una dinámica de pesos y contrapesos que evita los posibles abusos provenientes de los poderes dominantes, también “constituyen verdaderas estructuras de poder cuyo creciente influjo en los más variados ámbitos de la vida social los sustrae de la simple calificación de “particulares”, por oposición al concepto de “autoridades públicas”, para ubicarlos, dentro de un contexto realista, como organizaciones privadas cuya misma actividad las dota de gran fortaleza, razón por la cual sus actos u omisiones afectan a la comunidad entera y, en caso de lesionar los derechos fundamentales de los asociados, lo hacen con un incontrastable efecto multiplicador.” La Corte también ha señalado que a pesar de la protección que debe darse a la libertad de expresión “dicha libertad genera amplias dificultades jurídicas, ya que frecuentemente entra en colisión con otros derechos fundamentales de las personas y con fines o programas estatales”. La libertad de expresión, por tanto, “entraña deberes y responsabilidades especiales”.
Ya estamos viendo, por ejemplo, que los medios de comunicación privados están orientando sus noticias e informaciones de todo tipo a exaltar a sus candidatos, aquellos que apoyan “campañas contra el gobierno”, sin dar oportunidad de defensa ni contrastar lo dicho con otras fuentes. Es decir, permitiendo tergiversaciones y mentiras, como acaba de ocurrir con el Ministro de Defensa a quien pusieron a decir algo que él no dijo, pero sus palabras las maquillaron y las pusieron al aire y las escribieron, para exaltar el odio de la fuerza pública y sus reservas, con miras a las elecciones regionales. El Consejo Nacional electoral debe ser garante de la imparcialidad y la veracidad de los medios, de los partidos y de sus agentes, pues de lo contrario la democracia seguirá tambaleando como pasa hoy. Lo mismo debe hacer la Autoridad Nacional de Televisión -ANTV- en ejercicio de sus funciones de intervención, dirección, vigilancia y control del servicio público de televisión. No olvidemos que son concesiones que otorga el Estado.
Ya no tenemos una democracia de iguales sino la que cada sector desea, los poderosos la suya y el pueblo la que él escogió que es la de la solidaridad y de las mayorías. Si los organismos de control siguen desviándose de sus funciones constitucionales y hacen política abierta como está ocurriendo contra el actual gobierno no extrañemos que la polarización se intensifique en algunas regiones y de allí a la guerra civil el espacio es muy corto. Seamos respetuosos de las autoridades democráticas, “legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales.” (Art. 95-3º Constitución) De otra manera el caos será el destino de la patria como consecuencia del odio, la violencia y las malas prácticas de los partidos de oposición y de los medios con candidatos políticos propios.
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