Fuimos conquistados por la violencia. Logramos la independencia por la violencia y a lo largo de la historia republicana hemos tenido cientos de enfrentamientos armados y casi un centenar de guerras, además de los golpes de Estado, todo por la ambición y la avaricia del poder y del dinero. Leamos para que entendamos: en el libro “el poder presidencial en Colombia, de Alfredo Vásquez Carrizosa (Pág. 14) detallan que entre 1864 y 1866 hubo tres revoluciones: una en Cundinamarca, otra en el Cauca, y otra en Panamá. Y hasta 1880, es decir 16 años, hubo golpes de Estado del General Mosquera, trastornos, agitación, guerras civiles (1876-1878) y un ambiente de agitación general. Las aguas se calmaban cuando los conservadores atraían al liberalismo al gobierno o al contrario. Pero la esencia de todo era el manejo del Estado y del dinero público. Nuestra conciencia no ha sido orientada por las reglas democráticas, sino que funciona con el axioma de “el poder por el poder.”
Antes de este horroroso cuadro histórico, supuestamente ejecutado por hombres civilizados, los chibchas habían sido despojados de sus tierras, riquezas, santuarios, cargos civiles y militares. Aquellos señores de la guerra que protagonizaron la invasión y se apoderaron de los territorios asesinando a sus propietarios originarios usaban la espada a la menor muestra de desacato. Al grito de “todo lo conquistado en América pertenece al rey”, se otorgó escritura de venta de tierras, creando una propiedad territorial ficta entre nosotros.(Ver crónicas de Bogotá. PM Ibáñez/1989). La genética de la violencia, opera subconscientemente en las generaciones gobernantes hasta 2022, especialmente en la derecha recalcitrante y todopoderosa, que cree que es un derecho suyo matar al que piensa diferente. Pero la diferencia está en que en la Constitución de 1991 el artículo 11 de la Carta política se ordenó: “el derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.” Esto significa que solamente ante una legítima defensa o en casos de guerra exterior o conmoción interior se justifica la muerte en combate. No podemos seguir con la doctrina de que la fuerza pública tiene que matar a todo aquel que protesta, o que exige sus derechos.
Hoy tenemos un gobierno constitucional, elegido por las mayorías que se expresaron en las urnas, con el respeto a las reglas de juego vigentes. Desconocerlas es incurrir en delitos contra el régimen constitucional o legal. Por eso la oposición hay que hacerla dentro de las reglas que las normas jurídicas establecen pues de lo contrario los autores, cómplices o auxiliadores, incurren en la pena consagrada para tales delitos. La oposición debe dejar la violencia y los GAO o los reductos guerrilleros deben acogerse a las propuestas de paz, porque de lo contrario el peso de la ley recaerá sobre aquellos que tengan armas en la mano por fuera de las disposiciones vigentes. Repitamos hasta el cansancio; “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Las Cortes y la Oposición deben dejar que ese mandato se cumpla y facilitar las reglas para lograr la paz total.
Se el primero en Comentar