Cuando se creó la Fiscalía General de la Nación, en la estructura institucional dentro de la Constitución de 1991 y se la integró como parte de la Rama judicial, la impunidad en Colombia rondaba el 99%. Hoy tenemos los mismos niveles de impunidad. Esto quiere decir que hemos sido eficientes en el gasto burocrático e ineficientes en el cumplimiento de los deberes funcionales. Hoy la Fiscalía tiene 23.100 personas vinculadas a su planta de personal, sin contar los cargos en provisionalidad y los contratos de prestación de servicios, cuyas vinculaciones a veces superan al personal de carrera en ciertas dependencias. Las funciones de la Fiscalía están detalladas en los Artículos 250 y 251 de la Carta Política. Es decir, los deberes funcionales están en el texto fundamental de la República y se le encarga de investigar delitos de oficio, por denuncia, petición especial o por querella.
Pero hoy tenemos una Fiscalía en actitud politiquera, oponiéndose en todo al Presidente de la República, porque su nombramiento se hizo de conformidad con una lista de amigos y compañeros de estudio del anterior Presidente. Muy grave que las calidades de tan alto funcionario no se revisen a la luz de lo que necesitan las inmensas responsabilidades constitucionales señaladas en los artículos arriba mencionados, sino por los acuerdos políticos y componendas como si se tratara de cualquier otra posición del Estado. Es por eso por lo que, a veces, los fiscales no van a las audiencias, mientras los jueces cumplidos están sentados con los apoderados de las partes rogando para que el Fiscal competente llegue a cumplir sus exigentes deberes. Pero nunca aparece y se tiene que levantar un acta sobre el aplazamiento de la audiencia para dentro de cuatro o cinco meses. Tal vez después de que los delitos hayan prescrito. Pierde el pais, pierden las víctimas y pierde el imputado o enjuiciado, porque la ley reclama decisiones según el texto que obliga a dar “pronta y cumplida justicia”.
El punto crucial hoy es este: el presidente tiene como tarea conservar el orden público; el fiscal activar la persecución penal. Pero la habilidad del Fiscal es que está haciendo creer a los colombianos que cuando crecen los delitos y se aumenta la impunidad, esa es una responsabilidad del Presidente y no es así. Si se comete un delito especialmente contra la vida e integridad personal o contra la libertad de las personas, quien debe actuar de inmediato es el Fiscal, no el Presidente. Un secuestro, por ejemplo, debe obligar al fiscal a desplazarse al territorio por sí o por medio de sus delegados, pero no quedarse callado mientras los alcaldes y gobernadores le piden al Presidente intervenir, porque esa no es función del primer mandatario. Si nos pusiéramos serios y en vez de estar haciendo política contra las iniciativas del gobierno actuáramos según las competencias propias, la impunidad bajaría y los asesinos y corruptos no mantendrían tan alegres con una Fiscalía que no ejerce sus funciones constitucionales.
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