En la revista Economía Colombiana encontramos una descripción sobre lo que debe entenderse por “elefante blanco” al afirmar: “en Colombia, es común que la sociedad asocie el término a obras públicas de infraestructura que tienen un impacto negativo para la comunidad, en razón a que no se terminaron o han sido abandonadas y cuyos costos de inversión y mantenimiento superan los beneficios sociales. Incluso, en algunos casos, se le considera así al tener un uso diferente para el que fue creado. https://www.economiacolombiana.co/
El Diario El Tiempo, publicó el 12 de julio del 2023 la siguiente nota: ”Desde Arjona, Bolívar, donde hay 101 obras inconclusas por más de 534.000 millones de pesos, la Contraloría relanzó su estrategia de “Compromiso Colombia, Elefantes Blancos” para tratar de identificar todas estas obras que están en riesgo de no terminarse para darles un impulso para que los proyectos no terminen como una pérdida de recursos públicos por no ponerse en funcionamiento. Según informó el órgano de control, hasta el momento en todo el país se han identificado 1.753 obras por un valor total de 15.2 billones de pesosque están en riesgo.De estas, 1.054 son obras inconclusas, por un valor de $7.02 billones, y 699 son proyectos catalogados como críticos, por 8.2 billones de pesos”.
El ciudadano del común se pregunta: ¿dónde están los organismos de control y la Fiscalía General de la Nación? Ninguna de las tres entidades (Fiscalía, Procuraduría y Contraloría) hacen nada para recuperar esa cuantiosa suma de dinero o para obligar a quienes contrataron las obras a devolver los dineros mal invertidos con recursos de su patrimonio personal o llevarlos a prisión por delitos contra la administración pública, como interés indebido en celebración de contratos, o contratación sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias o enriquecimiento ilícito. En alguna parte de los procedimientos contractuales se quebrantó el principio de planeación, o se violaron los principios de economía o moralidad, que den lugar a responsabilidad penal, disciplinaria o fiscal, cuando no a todas juntas.
Pero los colombianos tenemos que contentarnos con los titulares de la prensa que señalan el hecho anómalo ejecutado en anteriores gobiernos, sin que en ninguna de las páginas de los diarios o en los boletines de las entidades oficiales se señale quiénes son los responsables y qué sanción recibieron. Por eso cada día se hace más necesario un cambio a fondo en la estructura de las dependencias que combaten la corrupción y previenen la inmoralidad. Cambiar algunas entidades, crear otras más eficientes o fusionar las que resulten menos productivas con aquellas que demuestren resultados. Quince billones de pesos ($15.000.000.000.000) no se consiguen detrás de una pared ni se ganan en el baloto o la lotería. Las veedurías ciudadanas deben ser más activas y llevar ante la justicia a quienes sean responsables (autores, cómplices o auxiliadores) de tan bochornosos escándalos. ¡Por favor, no más impunidad!
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