SEGURIDAD EN CAPITALES Y MUNICIPIOS

Ahora la derecha racista y excluyente clama porque les devuelvan la seguridad. Pero parece que no recuerdan que cuando eligieron a Duque lo mandaron a terminar el proceso de paz y eliminar la JEP. Por todos los medios se opuso a la implementación, no obstante saber que  las normas se habían convertido en Actos Legislativos y Leyes que aún hoy están vigentes. También puso empeño en no invertir las sumas acordadas con el Gobierno Santos para desarrollar los territorios azotados por la violencia. El Presidente Gustavo Petro no recibió un pais en paz, por el contrario, se mantienen altas cifras de asesinatos de líderes sociales y de escaramuzas en las zonas apartadas e, incluso, en algunos municipios y capitales, donde la sangre callejera era desconocida. Siguen matando personas inocentes por cuestiones ideológicas y por las tierras que pretenden obtener con despojos y amenazas.

Si bien el Presidente debe conservar el orden público en todo el territorio y restablecerlo donde fuere turbado (Art. 189-4 Constitución) también es responsabilidad de los Alcaldes y Gobernadores resguardar el orden público en Municipios, Distritos y Departamentos (Art. 303 y 315-2 Constitución) para ello contarán con sus atribuciones de policía y las instrucciones del Presidente. Pero no pueden eludir su responsabilidad, arrojando el agua sucia al Ejecutivo Nacional, sin adoptar planes y programas de seguridad locales y regionales, en cumplimiento de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley. (Art. 288 Constitución). Si alguien conoce bien las regiones son los gobernadores y alcaldes, por eso resulta de la mayor irresponsabilidad, dejar que el gobierno nacional actúe solo, sin el acompañamiento e identificación de las zonas y personajes autores, cómplices o auxiliadores de los grupos armados ilegales.

Los datos ciertos y las informaciones correctas son claves para la actuación de la fuerza pública. De esa manera se restituye la tranquilidad, lo cual no es obstáculo para continuar con las políticas de “paz total”, que tiene elementos adicionales de inversión social y de dominio del territorio por parte de las autoridades elegidas democráticamente. Las autoridades de las entidades territoriales tienen la llave para denunciar ante la Fiscalía a quienes atentan contra la existencia y seguridad del Estado y contra el régimen constitucional y legal, comportamientos sancionados por las normas del Código Penal.

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