Los tiempos tranquilos y los de paz no exigen de los gobernantes mayores cualidades de dirección. Pero cuando llegan las crisis, se demuestra que la mejor forma de gobernar en manteniendo los principios y los fundamentos ideológicos que dieron la victoria. Pero hay que acelerar la marcha. Para ello se encuentran las herramientas necesarias en las Constituciones y en las leyes. En Colombia la oposición se siente todavía ganadora porque conserva casi un 60% del poder burocrático, mediante acuerdos o “manguales” que se crearon en las regiones con los clanes políticos. Pero al nivel nacional se juega por el premio mayor. Es desde la Presidencia de donde emanan los más grandes poderes para dirigir a la Nación y hay competencias exclusivas del Ejecutivo.
Para ejercer un gobierno sin el apoyo del Congreso se necesita, en primer lugar, rectitud y, en segundo lugar, coherencia. El pueblo que vota hoy no es el mismo que teníamos hace tres décadas. Hoy tenemos una juventud pensante y participativa, que reclama derechos y que castiga injusticias. De igual manera la clase media alta, media baja y los estratos 1,2 y 3 en que se encuentra dividida la capacidad socioeconómica de los colombianos, exigen garantías para un adecuado y oportuno ascenso hacia el poder y la satisfacción de las necesidades mínima y vitales. Es ese horizonte el que debe mirar el actual gobierno. No puede entregar su capacidad de mando a quienes perdieron las elecciones. Los consensos no son para derrotar a quien salió triunfador en las urnas. La oposición puede exigir el respeto de sus derechos pero de allí a que reclamen el poder del Estado hay una distancia muy grande. Al gobierno le corresponde ponerlos en su sitio, cerrando las puertas a la corrupción, al despilfarro y a la mala administración.
El objetivo primordial del gobierno en todo su conjunto es cumplir el programa victorioso en las elecciones del 2022. Ese programa representa el cambio. Por tanto, el Presidente no puede detener su marcha porque la oposición no quiera reformas y algunos de los declarados partidos de gobierno muestren preferencias por mantener los privilegios de unos pocos. El Ejecutivo tiene cómo dirigir la economía con las normas existentes, mejorando, incluso algunas normas reglamentarias que señalan procedimientos para la cumplida ejecución de las leyes. La potestad reglamentaria es una función administrativa atribuida por la Constitución Política al Presidente (Art. 189 numeral 11).
Se trata de una competencia de carácter permanente, inalienable, intransferible e irrenunciable. Al ser una atribución otorgada constitucionalmente al Presidente de la República, en su calidad de primera autoridad administrativa, no necesita de norma legal expresa que la confiera, ni puede ser limitada en cuanto a la materia y el tiempo en que pueda utilizarla, mientras continúe vigente la norma legal a reglamentar; por ello, esta facultad no es susceptible de renuncia, transferencia o delegación por el Gobierno Nacional a otro órgano del Estado. El Presidente Petro debería empezar por integrar un equipo compilador de las normas reglamentarias, cambiar lo que se debe reformar y producir efectos inmediatos en el manejo del Estado. Así la oposición no tendría campo de acción para atacar día a día la gestión del gobierno, pues en el fondo las que se están transformando son las instituciones que no se ven y las normas reglamentarias de tercer nivel, para lo cual no se requiere autorización alguna del Congreso. Los reglamentos también han creado privilegios inexcusables que hay que derogar.
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