ECONOMIA EN CRISIS

Tener o no tener dinero en el bolsillo o en las cuentas de ahorro de las personas no depende de ellas, sino de los ciclos económicos. Tampoco es fruto de lo que haga o no un gobierno. Por eso es errada la posición de los economistas colombianos que desconociendo los documentos del BID, la CEPAL, la CAF, y de prestigiosos comentaristas sobre los problemas de la región, siguen afirmando en sus poco solidos escritos que el Gobierno Petro es el causante de la crisis que vive Colombia en algunos frentes. En documento publicado por El Espectador, sobre las anotaciones del BID, se expresa: “La dinámica macroeconómica de América Latina y el Caribe en los últimos años ha estado marcada por ‘shocks’ económicos severos como la pandemia del COVID-19, que produjo una contracción del 7 % del PIB regional en 2020 acompañada de niveles récord del gasto fiscal e incrementos en la deuda pública de los países.” (19/03/23)

Por su parte en documentos de estudio de la CEPAL el organismo dice: “ El desarrollo regional pensado “desde arriba” (políticas regionales), coexiste con el desarrollo local promovido “desde abajo” (desarrollo local) y atravesado por preocupaciones transversales en lo político (descentralización) y en lo ambiental (ordenamiento territorial). Este conjunto de tradiciones de política constituyen una familia, porque comparten preocupaciones básicas fundamentales, aunque se haya ido construyendo en forma espontánea, desordenada y sin coordinación.” (2007)

Uno de los problemas del entorno político y administrativo colombiano es que se han dictado normas para seguir manteniendo el modelo centralizado y los políticos no han permitido el ímpetu de la descentralización, trazado en muchas sentencias de la Corte Constitucional, por el miedo que tienen senadores y representantes de perder el poder y manejar las pirámides que se construyen desde los concejos y asambleas. Si no tienen cómo repartir el presupuesto nacional sus reelecciones se frustran y, por tanto, desaparecen de la vida pública y del manejo de millonarios recursos que ellos direccionan hacia sus regiones o hacia quienes votan por ellos, dineros públicos con los cuales adjudican contratos a dedo y promueven el poder local a su favor.

“La jurisprudencia ha señalado que el núcleo esencial de la autonomía de las entidades territoriales está compuesto por las siguientes prerrogativas: (i) Derecho de las entidades territoriales a gobernarse por autoridades propias, (ii) Derecho de las entidades territoriales a gestionar sus propios intereses y ejercer las competencias que les correspondan, (iii) Derecho de las entidades territoriales a establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y a participar en las rentas nacionales, (iv) Derecho de las entidades territoriales a administrar sus recursos”. (C-624/13)

El compromiso del Estado con un programa creciente de devolución de recursos a las entidades territoriales, el aseguramiento de ingresos netos adicionales significativos para el municipio, la garantía al financiamiento de los servicios públicos esenciales y una política general de redistribución de los ingresos estatales, fundada en el criterio de necesidades básicas insatisfechas, son los cimientos de un plan de desarrollo con hondo contenido social y, por tanto, elementos indispensables de una estrategia capaz de afianzar nuestro sistema democrático y de alcanzar la paz entre los colombianos.

Se el primero en Comentar

Deja tu respuesta