La información que se hizo pública por parte de la Senadora Aida Avella expresando que el Gerente de la Federación de Cafeteros gana más de $100 millones y el Presidente de Ecopetrol $85 millones mensuales, causa escándalo en un país pobre como Colombia. Sea lo primero anotar que ambas entidades son mayoritariamente de propiedad estatal y que en la Federación se aplican recursos parafiscales concedidos desde hace muchos años por gobiernos que siempre vieron el café y el petroleo como sus principales rentas.
El Estado abandonó en algunos casos el manejo de recursos públicos y los dejó en manos de particulares, cosa que hoy no debería tolerarse, por cuanto la afugias de tesorería de la Administración Central son recurrentes, mientras algunos gremios abundan en recursos que despilfarran en beneficio de sus directivos y que no siempre son derramados a favor de los agremiados como debería ser la regla general. Sueldos estrafalarios que desafían la miseria de la mayoría de los habitantes del territorio, abusos en viáticos y gastos de viaje, fiestas privadas, comidas y hoteles VIP, vuelos y aviones ejecutivos, yates y vehículos de alta gama, esquemas de seguridad, etc., que no deberían hacer parte de la administración normal de una compañía.
La tesis peregrina de que hay que dar a los “genios del sector privado” estímulos para que trabajen en el sector público es una discriminación aberrante, pues llegar al servicio del Estado debe tenerse como un honor y no como un negocio. Por eso hemos llegado a los niveles de corrupción que alarman a la sociedad y que ninguna autoridad de control ha sido capaz de atacar y erradicar. Nadie debería ganar más salario que el Presidente de la República y este debe corresponder a la modestia de los ingresos fiscales. Frenemos el abuso con medidas que detengan hacia el futuro esos desmanes en los sueldos de la administración y de las empresas que tengan participación mayoritaria estatal.
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