Desde la década del 50 del siglo pasado, se ha venido insistiendo que el crecimientos de la población, la imposibilidad de atender las necesidades alimentarias de todos los habitantes de la tierra y el abuso de los conglomerados urbanos contra los recursos naturales hacen prever una crisis en el inmediato futuro si no se toman medidas drásticas para cambiar los comportamientos de las personas frente a la naturaleza. Los caudales de los ríos están disminuyendo, las quebradas se están secando, la tierra se convierte en desierto en algunas zonas por el exceso de cultivos o por la cría de ganado, ovejas, y otras especies que requieren gran cantidad de pastos y arbustos para alimentarse y sobrevivir. Es cierto que el mayor depredador es el hombre que al asentarse en determinadas zonas de la geografía amplía sus límites por diferentes razones, entre ellas, el crecimiento urbano y la producción de alimentos cerca de los centros de sus actividades cotidianas.
Tanto el hombre como los animales saben que el mejor escenario es la cautela, pues en la medida que el comportamiento agresivo tiende a destruir a las demás especies, obrar con sutileza y maña, les permitirá sobrevivir por un tiempo más largo. Dentro de los programas y proyectos, tanto internacionales como locales hay objetivos muy concretos pero también riesgos que se deben mitigar o eliminar. Lo que la Cepal llama “amplio portafolio de políticas públicas relacionadas con el cambio climático”, son los estudios y soluciones que se plantean a los países miembros y a la comunidad global, para que se tomen decisiones en diferentes áreas.
Parte de las regulaciones para facilitar el crecimiento económico y social de las poblaciones es el «Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en américa latina y el caribe», adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018”. Dicho texto fue aprobado por Ley 2733 de 2022, lo cual implica, que haya “información ambiental” y por ello se entiende cualquier información escrita, visual, sonora, electrónica o registrada en cualquier otro formato, relativa al medio ambiente y sus elementos y a los recursos naturales, incluyendo aquella que esté relacionada con los riesgos ambientales y los posibles impactos adversos asociados que afecten o puedan afectar el medio ambiente y la salud. Así como la relacionada con la protección y la gestión ambientales”.
Las disposiciones legales y constitucionales (Arts. 79 y 80 de la Constitución Nacional) son base fundamental para que nuestras actividades en comunidad sean reconocidas y respetadas, incluso por las autoridades, que a partir de ahora deben tener más empatía con los defensores del medio ambiente y con todas las especies de flora y fauna que integren el entorno en que nos movemos. El desarrollo sostenible es definido por la ONU como “la satisfacción de «las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades».
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