Es bueno recordarles a nuestros dirigentes políticos y a los gobernantes y exgobernantes que “ninguna derrota es aplastante. Ninguna victoria es invencible.” Ellos lo saben, la guerra siempre vuelve porque es parte de la memoria de los pueblos. Cuando el pueblo se siente asfixiado por los impuestos y las injusticias revienta y explota como un volcán. Y las consecuencias siempre son desastrosas. Nadie ha dejado testimonio de que “los tiempos de paz fueron malos”, al contrario, “todo tiempo pasado de paz fue mejor”. Pero las fuerzas oscuras, que manipulan elecciones y crean en los pueblos ficciones de que “la fuerza es la salida” se equivocan. La historia se repite siempre, y las causas de las guerras son las mismas. Colombia no ha podido superar en 200 años las guerras. Hubo periodos de paz, pero lo que estamos sintiendo hoy es que el propio gobierno nos está llevando a un punto de no retorno donde la guerra cobrará sus “reales”.
La paz es un derecho universal respaldado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En 1984 la Asamblea General de la ONU declaró el derecho de los pueblos a la paz a través de la resolución 3911 “Todos los pueblos de nuestro planeta tienen el derecho sagrado a la paz”. Para lograrlo, los 193 Estados aliados están obligados a adoptar políticas orientadas hacia la eliminación de la amenaza de la guerra. En 1997, la ONU aprobó la Declaración de Oslo sobre el derecho humano a la paz, definida así en el artículo 1: “La paz es un derecho humano, inherente a su dignidad, que excluye todo tipo de guerra y de conflicto armado y que se debe garantizar sin ningún tipo de discriminación”.
Por otro lado en Colombia la Corte Constitucional ha manifestado: “La Corte reafirma la legitimidad de las Fuerzas Militares y de Policía para recuperar la totalidad del territorio nacional, mediante el uso privativo de las armas y el derecho a capturar y conducir ante la justicia a las personas que con sus actos beligerantes pretendan desconocer el orden constitucional vigente. Pero también defiende de manera categórica los derechos fundamentales de las personas civiles, víctimas de la confrontación armada y del accionar de los grupos en pugna. En particular, agrupaciones políticas que finalmente han optado por la vía democrática, abandonando los medios violentos de lucha, tienen un derecho al apoyo institucional necesario para el ejercicio pleno de sus derechos de participación política, así como, para garantizar su seguridad y la de sus miembros, el acceso a los medios y mecanismos estatales indispensables para desarrollar su acción política y poder crecer como alternativa de poder. /Sentencia T-439/92/.”
Sobre la proporcionalidad y necesidad de la fuerza y el uso de armas tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han señalado que cualquier uso de armas o fuerza desmedida vulnera los fines constitucionales de la Fuerza Pública. En cuanto a la protesta social han dicho que se prohíbe la intervención sistemática y violenta en manifestaciones pacíficas, así como el uso desproporcionado de armas letales o químicos. Y en relación con la competencia por tales abusos ha sido enfática la Corte Constitucional: “los actos arbitrarios, abusos de autoridad o delitos que constituyan violaciones a los derechos humanos escapan de la Justicia Penal Militar y deben ser investigados por la jurisdicción ordinaria (Fiscalía)”. Luego, si un Presidente abusa del poder del Estado también es responsable y si se cometen delitos de lesa humanidad responderá toda su vida por tales hechos. Los colombianos que se sientan abrumados por el abuso del poder del Estado tienen herramientas jurídicas para llevar ante la justicia a los abusadores. No estamos en la época de “los estados combatientes”, sino en la era de la “paz con justicia social”.
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