Los colombianos creemos en el Pacto Histórico como una forma trascendental de incluir a todos los que no se consideran superiores a los demás. Lo que hemos vivido en las tres últimas décadas es la prueba de que la discriminación política es real y que los gobiernos ejercían el poder solamente a favor de sus amigos y aliados. Los demás éramos inexistentes, a pesar de las capacidades intelectuales y la formación académica demostrada en todos los escenarios. Los insultos de la derecha hacia los que menos tienen indica que los estratos sociales son un mecanismo de segregación y, por tanto, facilitan el rechazo y la identificación, para repudiar a las minorías vulnerables. Muchos se atrevieron a llamar basura con Petro y mantenidos a los que respaldaban las tesis de Gustavo Petro. Hoy, ganador de las elecciones y Presidente elegido por la mayorías todos acuden a declararse partidos de gobierno o independientes, para no perder las migajas de poder que entregaba el Centro Democrático.
Los gremios y personajes que antes criticaban la posible elección del líder del pacto histórico hoy le reclaman por apoyo a sus planes de trabajo. No entienden que un programa político ganó las elecciones y que solamente deben respetarse aquellas obras o prestación de servicios que tengan financiación, pues de lo contrario, las apropiaciones presupuestales deben destinarse a los fines específicos del programa del nuevo gobierno. Ya se está informando que habrá un desface en ingresos de $6 billones, que el gobierno actual no presentó nuevas fuentes de financiación y, por tanto, esos recursos deben conseguirse con ajustes al presupuesto que se llevó al Congreso. Las prioridades las marca el proyecto político que venció en las urnas, sin desconocer que todos los colombianos merecen el respeto a sus derechos humanos, dentro de las reglas de juego de las democracias.
El pacto histórico tiene la responsabilidad de luchar contra la corrupción, vigilar los contratos en marcha y cuidar cada peso que se haya entregado a los contratistas responsables de las obras o servicios. El deber de los nuevos funcionarios es poner en conocimiento de la Fiscalía y los organismos de control cualquier anomalía que se evidencie dentro de las reglas del empalme. De manera especial deben revisarse los informes de interventoría para precisar los hallazgos en la ejecución de los convenios o contratos. Cada peso que se ahorre es muy importante para enfrentar el déficit fiscal que seguramente encontrará el gobierno que se instale el 7 de Agosto/2022.
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