Vamos a votar por la paz o por seguir alimentando la violencia rural y urbana; por el destino de los recursos públicos a solucionar los problemas de las necesidades básicas de los pobres o por el despilfarro y los brotes de corrupción regional; por una justicia independiente o sometida a las mieles de sus funciones electorales; por educación incluyente o por una de privilegios; por el empleo formal y con salarios justos o por seguir en la informalidad y con las carreteras llenas de cambuches donde se venden dulces y comida barata; por el turismo abierto a todo el mundo o por la destrucción del medio ambiente por parte de ganaderos, mineros, explotadores de recursos naturales y demás inversores capitalistas; por gozar de nuestra patria en medio de la convivencia o por la compra de aviones de guerra, helicópteros de combate, aumento de tropas, dotación para el Esmad y abusos contra líderes y lideresas sociales.
Para cambiar el pais debemos tener en cuenta que quien debe establecer los sectores o grupos sociales beneficiarios de ayudas económicas sin contraprestación directa, debe ser el legislador en el Plan Nacional de Desarrollo o en una ley especial que sea el complemento de lo establecido en la Ley del Plan. Adicionalmente, la cuantía debe ser establecida en el plan nacional de inversiones y en la ley anual de presupuesto. Nada de esto puede quedar discrecionalmente librado al ejecutivo. En este sentido parece claro que una norma que autoriza, in genere, al ejecutivo a entregar ayudas económicas sin contraprestación y que no consagra las garantías constitucionales mínimas para asegurar que no se trata de una donación o un auxilio o que no dará lugar a una “dilapidadora y venal concesión de privilegios”, es inconstitucional. La norma no puede otorgar una autorización genérica al gobierno para entregar ayudas o apoyos económicos sin contraprestación.
Otro punto importante es que el presupuesto y el plan de inversiones debe reflejar el programa de gobierno del ganador de las elecciones presidenciales. Que los partidos que se declaren en oposición tienen el derecho y el deber de hacer control político. Eso es una verdadera democracia. Las equivocaciones o los delitos que cometa el gobernante o sus subalternos deben pagarse conforme a la ley. Por eso el control político es tan esencial para garantizar el equilibrio de poderes. No podemos volver a la democracia comprada con auxilios y aportes regionales de los congresistas. Tenemos que acabar con el régimen de corrupción de los contratistas aportantes a las campañas que reciben contraprestaciones mediante gabelas del Estado. El cambio será posible si desde la Presidencia y el Congreso se demuestra honradez, honestidad, ética y compromiso con los más pobres. Solamente el Pacto Histórico garantiza la transformación a fondo de instituciones manipuladas a organizaciones democráticas al servicio del pueblo. (www.elpoderdelderecho.com)
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