Por departamentos los resultados del déficit cuantitativo muestran que en Vaupés y en Amazonas más del 50% de los hogares habitaban en viviendas en condiciones inadecuadas estructuralmente y se ubicaban principalmente en los centros poblados y rural disperso. En contraste, en Boyacá y Cundinamarca solo el 1,3% y el 1,9% de los hogares, respectivamente, presentaban deficiencias estructurales en las viviendas que habitaban. (DANE Boletín Técnico ECV. Publicado Septiembre 2/2021. Pág. 6). Los departamentos que tuvieron mayor proporción de hogares que habitan en viviendas con al menos una deficiencia de tipo no estructural o cualitativa son San Andrés (79,9%), Vichada (60,9%), Sucre (57,3%) y Magdalena (53,1%). Para los anteriores departamentos, este tipo de deficiencias de carácter no estructural se observan principalmente en hogares de las cabeceras. (Ídem, fuente. Pág. 10). Según informe de la Revista Semana publicado en 2020, el número de personas que no tienen vivienda digna en el país es de 18,2 millones. Vichada y San Andrés son los departamentos más afectados. Por el contrario, Bogotá y Quindío registran la menor cantidad de familias en esa situación.
Por eso el próximo Gobierno debe focalizar más los apoyos a la población vulnerable, pero no para regalar el presupuesto público sino para generar un proyecto masivo de autoconstrucción como parte de una política pública concreta y medible, que permita tener vivienda nueva, mejorarla o reforzarla a fin de que todos los colombianos disfruten un hogar con las comodidades mínimas que exigen los derechos fundamentales de las personas. El sistema es muy sencillo, el Estado puede comprar el lote (o expropiarlo), y aportarlo al plan de vivienda. Igualmente entrega materiales de construcción y maquinaria para fabricación de adobes. A través de las agremiaciones de Ingenieros y Arquitectos se puede logar el aporte gratuito de planos novedosos para lograr viviendas dignas y modernas. Cada proyecto contrata una trabajadora social y un profesional que guíe a los beneficiarios. Todos los fines de semana los integrantes del proyecto trabajan conjuntamente para la construcción o el mejoramiento de las viviendas y, al final, el resultado será producto de la solidaridad y el apoyo comunitario. En vez de casas o apartamentos de 50 m2 los dueños de las nuevas viviendas tendrán espacios de 80 o 100 m2 máximo. Colombia tiene suficiente tierra para apoyar a las personas que no quieren desplazarse a las grandes ciudades buscando oportunidades que nunca van a encontrar. Después de la pandemia muchos quieren regresar al campo.
Los subsidios que entrega el gobierno están llevando a que el dinero aportado lo reciban constructores que no explican suficientemente la financiación. El sistema actual funciona en la mayoría de los casos mediante fiducias, y lo que compra el aspirante a propietario es un derecho fiduciario que, si no se controla la ejecución de la obra, termina dejando en la calle a las personas, sin ahorros y sin vivienda. La fiducia es un apoyo para el constructor y para el manejo de los recursos, pero si el avance de la obra se demora, por muchas razones, entre ellas la mala fe de los empresarios de la vivienda, la persona que adquiere el derecho se verá sometida a un viacrucis jurídico y de pagos que le hará perder lo invertido. No olvidemos que esos contratos incluyen una cláusula penal que se la aplican al comprador que no paga a tiempo. Hoy hay miles de procesos por incumplimiento en los créditos de vivienda y las personas que aspiraban a pagarla en un plazo determinado, no lo pueden hacer por haberse quedado sin empleo en la pandemia. Esos procesos y las nuevas refinanciaciones que deberían darse exige la intervención del gobierno, pues lo que para el Estado es urgencia manifiesta, para el pobre particular es nada. El poder y las herramientas jurídicas las tiene el Gobierno para apoyar a las personas sin techo y en 4 años de un gobierno social y sensible a las necesidades de los más pobres, es mucho lo que puede lograrse.
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