Los detalles señalados por la Revista Semana sobre la forma como se repartieron y gastaron los $70.000 millones entregados como anticipo del Contrato adjudicado a Centros Poblados tiene a la opinión pública participando del escándalo que generó, tanto por el ruido político, como por la salida de la Ministra de las TIC. Todo el que comenta el episodio considera inaudito, increíble, insólito, inadmisible y monstruoso cada episodio de este escándalo contra los niños de Colombia, sin que desde la Presidencia se haya manifestado un rechazo fuerte y directo contra quien como responsable de las políticas del Ministerio debió asumir el rol de vigilante de primera linea de los recursos públicos. En cambio, tanto el Congreso como el Presidente, hicieron hasta lo imposible para que la moción de censura no prosperara por el miedo a los efectos políticos de un triunfo de la oposición. Y suponemos que el Señor Expresidente Uribe tampoco se manifestó, si es cierto que la exministra tiene un parentesco cercano con la esposa de uno de sus hijos, como quiera que los medios afirmaron que eran primas hermanas. Por eso nadie dijo nada desde la derecha más recalcitrante, como ocurre en otros casos en que se ven involucrados personajes de menos nivel social o económico, a los que mancillan y descalifican sin piedad.
Uno tampoco entiende la peregrina tesis de un exfiscal General de la Nación que dijo que cuando se entrega un anticipo estos dineros mutan a ser propiedad del contratista y que él puede hacer lo que quiera con ellos. Nada más contrario a la legalidad, a la moral y al derecho, porque esos dineros siguen siendo públicos y destinados específicamente al cumplimiento del contrato. Es decir, hasta tanto el contrato no se termine y liquide y la decisión quede ejecutoriada, los remanentes allí sí pasan a ser del contratista en su calidad de utilidades derivadas del proyecto ejecutado. Léase bien, ejecutado, porque mientras no se termine el objeto del contrato, el Estado tiene derecho a reclamar la devolución de lo que no se invirtió, a través de muchos mecanismos legales que consagra la ley 80/93. Pero este anticipo, sin iniciar el contrato, ya se lo habían gastado en apartamentos, vehículos, pagos de deudas personales, repartos sin facturas y, seguramente pagos de coimas, a quienes intervinieron ilícitamente en todo ese entramado. Incluso mencionaron a algunos políticos y Congresistas que presionaron la adjudicación y la no declaratoria de caducidad.
Pero eso no debe aterrarnos, porque el que gobierna puede cometer todo tipo de excesos con el presupuesto público, y lo que no logra con la contratación del Estado dirigida en favor de sus amigos, lo consigue modificando los presupuestos, o las prohibiciones como ocurre con la ley de garantías, cuyo fin último es proteger los recursos del pueblo de la politiquería rampante, obligando a los mandatarios a respetar el principio de planeación y no hacer las cosas a la carrera para producir efectos politiqueros en las comunidades más apartadas, que salen a votar para que les arreglen la carretera, les construyan el puente, les pinten la escuelita o les construyen el acueducto del que nunca se han ocupado los líderes, salvo en los periodos preelectorales. Las declaraciones del Representante Mauricio Toro de la Alianza Verde en una entrevista con Cecilia Orozco Tascón para el diario El Espectador, que afirmó que los “micos” incluidos en las disposiciones del presupuesto General de la Nación fueron acordados entre Congreso y Gobierno, son las que nos deben hacer reaccionar con desprecio hacia quienes manipulan las reglas de protección de los intereses populares, para cambiarlas en beneficio particular. Un país que no castiga ese tipo de actos politiqueros merece un destino muy desdichado y si, además, vende el voto, ese país merece la peor de las suertes.
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