La nueva reforma tributaria, llamada por el gobierno de inversión social, no ataca de fondo el despilfarro público, como puede verse en el texto del artículo 19 de la Ley 2155 de 2021, pues se quitaron los puntos más relevantes, relacionados con la reestructuración y supresión de entidades del Gobierno, que nada le aportan al crecimiento económico de la Nación. Tampoco se refirieron en este artículo de manera expresa a los llamados contratos de prestación de servicios, soporte de la politiquería que se entronizará a todos los niveles para las elecciones de 2022 (Art. 19). Y es que en varias Ministerios y dependencias dejaron para gastos de funcionamiento más de $1 billón que, en otras palabras, se traduce en derroche, contratos a dedo y deslices ventajosos en materia de ordenación de gasto público, en contra de quienes no apoyan a los amigos del gobierno. (Art. 62)
Sorprende, eso sí una apropiación por $18.000 millones para el Congreso, donde no se invierte nada y, en cambio, se reparte el presupuesto contratando personas que se desplazan a las regiones a convencer incautos para que voten por los candidatos de la preferencia del contratista, vinculado sin requisitos técnicos o profesionales de ninguna naturaleza. Eso le parece al gobierno y a nuestros legisladores inversión social. Lo peor es que los contratos de prestación de servicios han servido para que algunos legisladores pidan a los contratistas aportes para el pago de gastos de campaña o para usarlos como gastos personales, según las conclusiones de investigaciones que han llevado a varias pérdidas de investidura. Y el otro problema es que convierten el contrato de prestación de servicios en una vinculación permanente a la administración generando graves perjuicios al erario público por las demandas que presentan los afectados. Y es que hay expresa prohibición a la administración pública de celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones de carácter permanente porque constituye una medida de protección a la relación laboral, para que la misma no se oculte mediante otra modalidad, toda vez que esos contratos no hacen parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la entidad.
El gobierno en la Ley 2155 creó el Comité Autónomo de la Regla Fiscal como un organismo de carácter técnico, permanente e independiente, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que tendrá por objeto realizar seguimiento a la regla fiscal y propender por la sostenibilidad de las finanzas públicas a través de la emisión de conceptos no vinculantes. Sus miembros recibirán honorarios y tendrán una planta de personal, que seguramente se repartirán entre gobierno y Congreso. El Comité contará con un equipo técnico definido y seleccionado por los miembros del Comité, los cuales serán contratados a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien dispondrá de una apropiación en sus gastos de funcionamiento en su sección presupuestal para este propósito. Un gasto que no tiene justificación en la medida que se van a producir conceptos no vinculantes. Ya sabemos que el costo de la reforma tributaria fueron esos $10 billones que se adicionaron en el artículo 62, que nadie sabe adónde van a parar y que un gobierno saliente no va a rendir cuentas sobre ellos. Tendremos que esperar hasta el próximo gobierno para que nos cuenten en que se gastaron ese dinero. Aprobaron una reforma tributaria de $15 billones y de entrada se autorizaron gastos por $10 billones. Con parte de ese dinero adicionado entregaron recursos por $1 billón, para funcionamiento a los Ministerios de Trabajo, Transporte, Interior, Hacienda y Salud, donde están los mejores amigos del gobierno y $130.000 millones a Prosperidad Social. Así ninguna plata alcanza, cuando el ahorro en el gasto público es la excepción y no la regla, pues nos pasamos malgastando lo poquito que tenemos. ¡Con razón no dejaron que la oposición discutiera el proyecto que se estaba tramitando y en menos de dos días le dieron el puntillazo final!
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