Cuando se creó esa entidad por Ley 1702 de 2013 se dijo en una de las ponencias -Senado segundo debate- lo siguiente: “Así pues, nos encontramos frente a un problema de salud pública que requiere medidas urgentes, concretas, articuladas, medibles y controlables, cuya eficacia se refleja en una reducción de los índices de morbimortalidad”. Y si leemos el último CONPES (3991 de 2020) que hace una radiografía de la política nacional de movilidad urbana y regional, vemos que el propio gobierno ha tenido que reconocer el fracaso de las acciones tomadas, al expresar: “Así mismo, por medio de la Resolución 1282 de 2012, el Ministerio de Transporte expidió el Plan Nacional de Seguridad Vial (PNSV) 2011-2016, ajustado mediante Resolución 2273 de 2014 para una periodicidad 2011-2021. En dicho plan se establecen metas puntuales para el fortalecimiento del sector transporte y la promoción de la seguridad vial. En cumplimiento de dicho plan, el Congreso de la República expidió la Ley 1702 de 2013 que crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) como entidad responsable de entre otros, impulsar el cumplimiento de los pilares, programas y acciones establecidas en el Plan Nacional de Seguridad Vial. La importancia de la seguridad vial para el Gobierno nacional se refleja también en la incorporación de la meta de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) frente a la reducción en más del 40 % de la tasa de muertos en siniestros de tráfico para el año 2030. No obstante, y a pesar de los esfuerzos institucionales y de las estrategias planteadas, el objetivo de disminuir el número de personas afectadas por siniestros de tránsito en el país presenta en el periodo comprendido entre el 2011 y el 2018 un comportamiento creciente. A pesar de los avances propuestos por los anteriores planes de desarrollo, las medidas han sido de carácter reactivo y no responden a una visión estratégica de largo plazo de movilidad integral”.
Ahora bien, si se analiza el devenir de la ANSV encontramos que se trata de una nueva carga burocrática, que destina millonarios recursos a adjudicar contratos, algunos de los cuales resultan un fiasco como el celebrado con la sociedad Praesidium que recibió, a dedo, un contrato de casi $1.000 millones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Pero las partes lo terminaron porque la compañía incumplió. Según El Espectador, el representante legal de la compañía prestó servicio a la campaña de la Vicepresidenta Martha Lucia Ramírez. No ha sido informado si al liquidar el contrato los $1000 millones se recuperaron o qué parte del dinero pagado se perdió. Los que defienden la ANSV lo hacen por el interés de que la Agencia siga contratando de manera directa con ellos y derrochando los recursos públicos, mientras miles de personas mueren o son lesionadas en accidentes de tránsito y la políticas públicas fracasan por la inexperiencia de los Directores designados. Los accidentes anuales cuestan una cifra cercana a los $2 billones.
Los millonarios recursos de la ANSV (Casi $200.000 millones) deberían destinarse mayoritariamente al control de las vías nacionales donde ocurren más del 30% de los accidentes y el resto entregarlo para su ejecución a las Secretarías e Inspecciones de Tránsito y movilidad, donde se sufren el resto de los accidentes o sea el 70%, pues son ellos los verdaderos interesados en que las estadísticas de accidentalidad no se aumenten y lleguemos al año 2030 con cifras por encima de los 10.000 muertos anuales. Las cifras de accidentalidad y muertes en 2020 y 2021 serán atípicas por el encierro a que han sometido a los colombianos, pero en el 2022 seguramente volveremos a los números crecientes que se han venido mostrando por los expertos. Es imposible pensar que si el propio gobierno acepta el desengaño frente las realizaciones de la Agencia no se tomen medidas drásticas, se eliminan cargos y contratos y se reorientan los dineros a fines que impacten más favorablemente el sector y disminuyan la accidentalidad vial, los muertos, los lesionados y los daños materiales que también son cuantiosos. En vez de una Agencia deberíamos tener un Fondo Vial Nacional con 5 técnicos expertos escogidos por concurso de méritos que asignen los recursos por resultados concretos y no políticamente como ocurre hoy.
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