UN GOBIERNO QUE NO COMBATE LA CORRUPCION

El Presidente de Colombia, nunca ha estado comprometido ni con la paz ni en la lucha contra la corrupción. El último escándalo causado por la adjudicación improvisada de un contrato de más de un billón de pesos en el Ministerio TIC, dejó a más de un ciudadano renegando de la complacencia de las altas esferas con hechos que pueden constituir delitos y graves violaciones contra la función administrativa. Empezando por las presuntas falsedades de las pólizas que el contratista debió adjuntar en los anexos de la oferta. Ese hecho nos recuerda lo que ocurrió hace casi 20 años con el contrato Alto del vino-Tobia grande- Puerto Salgar que por la misma causa, (falsedad en una póliza), enredó un contrato multimillonario donde había un contratista en Consorcio con poderosas empresas de la Costa Atlántica. Al final, al parecer, por “diligentes gestiones” del Rey de España Juan Carlos I, con el Gobierno del Presidente Pastrana y sus sucesores, se arregló la controversia donde estaban embolatados $170.000 millones. La historia de este contrato se encuentra en providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del año 2004. Nunca se le informó al país cómo empezó el problema ni cómo terminó y cuánto perdió el Estado con esa maniobra. Otro tanto pasará con Centros Poblados y el contrato para los niños que se quedaron sin internet.

Lo más grave del asunto son las palabras del Presidente cuando resume que todo el escándalo era una operación para “tumbar Ministra, que es uno de los deportes favoritos de los colombianos”. La frase dejó estupefacto a más de uno que lucha contra la corrupción, entre ellas las ONG que se desvelan por cuidar los recursos públicos. La verdad sea dicha este gobierno no ha abanderado ninguna causa para luchar contra los que desvían recursos públicos. Y si uno no está de acuerdo con los debates políticos que piden responsabilidades desde lo alto, por lo menos debe quedarse callado y no salir a defender a quienes por acción, omisión o incumplimiento de deberes funcionales dejan que sumas cuantiosas caigan en ese paraíso desconocido de los contratistas depravados que sobornan a sectores públicos y privados para obtener ganancias personales con dinero oficial. Al gobierno como que no le gusta que los medios de comunicación y las ONG escarben en sus secretos contractuales y por eso rechazan las intromisiones de quienes aun arriesgando sus vidas y su tranquilidad divulgan los desafueros de los carteles de la contratación en Colombia.

Es frase repetida que si cuidáramos los dineros que se pagan en impuestos no sería necesario hacer más reformas tributarias. Si es real que al año la corrupción se lleva $50 billones, especialmente en contratos estatales, lo que se le está ocultando al país debe llenar de horror a todos y cada uno de los más de 50 millones de habitantes de esta tierra. Hay que eliminar los gastos reservados, las contrataciones de urgencia y las contrataciones directas, sin importar la causa, y obligar al Estado a planear correctamente sus gastos y ejecutar ciertos programas inaplazables definiendo únicamente un fondo de imprevistos, manejado por personas sin tacha, para que se encarguen de atender las contingencias por fuerza mayor o caso fortuito, con una vigilancia directa de los jueces administrativos y la Fiscalía. Si no se para esa avalancha de contrataciones politiqueras y del amiguismo nacional y regional, Colombia no saldrá jamás de la pobreza que por causa de la pandemia se agravó de manera notoria dejando en la miseria a más de 10 millones de colombianos. Recuperemos el valor de la honradez y de la solidaridad y así saldremos del hoyo profundo en el que nos encontramos en temas de moral pública.

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