El diario el Espectador hace una radiografía de la pobreza en Colombia y afirma: “La atención del país se ha concentrado en indicadores que no cuentan toda la historia. Mientras el Gobierno saca pecho por el rebote histórico de la economía en los últimos meses, el índice de pobreza multidimensional de 2020 muestra que ya son 9’049.000 los colombianos que entran en esa situación, 489.000 más que el año anterior. Más preocupante, hay señales de una crisis que puede perdurar en el tiempo.” La pobreza multidimensional es aquella que impide alcanzar un nivel de bienestar digno. Y esta situación no se arregla con “paños de agua tibia”, es decir, subsidiando a los más necesitados (tenemos 60% de empleo informal) sino construyendo un entramado empresarial que absorba el desempleo rampante en nuestro país y contribuya al crecimiento con sostenibilidad. Estamos viviendo una época de “absurda politiquería” deshonrando la democracia con actos que dejan paralizados a todos los docentes de derecho constitucional y ciencia política. La Corte Constitucional ha expresado que en desarrollo del principio de identidad flexible en el trámite de leyes, su cumplimiento exige debate legislativo para la aprobación de una iniciativa. El principio de identidad flexible permite que, como producto de la deliberación democrática, en cada etapa del procedimiento legislativo se puedan modificar los textos, unificarlos, escindirlos, e incluso adicionarlos con disposiciones nuevas. El requisito que se exige, entonces, para el caso concreto, no es que el texto hubiera sido debatido o aprobado de manera idéntica, sino que el tema hubiera sido abordado y que el texto hubiera surgido como consecuencia del debate parlamentario. Muchas normas se han declarado inexequibles por violar la posibilidad de que haya una deliberación amplia sobre los proyectos impidiendo la expresión de los sectores minoritarios que componen las corporaciones.
Esa votación atropellada de las leyes por los “amigos del gobierno”, como acaba de ocurrir con la nueva reforma tributaria “o de inversión social”, como la llaman eufemísticamente los sectores retardatarios de la sociedad, indica claramente que lo que nosotros llamamos democracia es un remedo, donde solamente se valida la intervención del pueblo en el acto de votar en cada elección, pero de allí en adelante se le ignora y se le trata como a mendigo o menesteroso del presupuesto público. Se elude el debate, porque no se quiere que toda la información relevante llegue a los medios de comunicación o a la sociedad pensante y que pueda dañar los planes o los “micos” que esconden esas iniciativas que pasan por algunas corporaciones con más apoyo hacia los ricos que hacia los pobres. La ponencia se radicó el lunes 6 en la tarde, y el 7 martes se aprobó la iniciativa del gobierno. Falta la conciliación donde seguramente hay cambios con “micos”.
Eso demuestra que se omitió la deliberación y que solamente cuando se publique el texto vamos a saber qué pasó en realidad con cada artículo y por qué se omitieron otros que tenían la misma o mayor importancia. Por eso es evidente que la democracia que le gusta a la “gente de bien” es aquella donde los que están decidiendo protegen sus intereses y a los demás ellos mismos se encargan de darles regalos o “mendrugos de pan que caigan de sus mesas”. No hay posibilidad de acuerdos con las minorías, porque eso implica ceder su poder como mayorías gobernantes desde hace centurias en Colombia. Una democracia así no es la verdadera democracia, sino una construida sobre los derechos fundamentales del pueblo en general y de los más pobres en particular. Los dueños de esas “democracias fallidas” no pueden extrañarse de que cuando llega al poder un opositor les haga lo mismo que hicieron a otros y, a veces, hasta tengan que abandonar el país porque perdieron los nichos de poder que ellos tan finamente administraban, como ocurre en nuestras vecindades o en otras lejanías.
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