Los dos mensajes de la Corte Constitucional con sendos temas de fondo, parece que no conmueven al gobierno nacional, ensimismado con lo que siempre ha defendido la cultura de occidente: el poder absoluto. La sentencia sobre las curules de paz y la nueva sobre la cadena perpetua demuestra que el principio que enmarca nuestra democracia es la libertad y la dignidad del hombre, alfa y omega de la organización del Estado. Esta entelequia (el Estado) que nosotros mismos creamos para garantizar nuestra seguridad y el bienestar de todos no puede imponerse a nuestros derechos fundamentales, no solamente como teoría, sino como principios básicos de la actividad administrativa. Los derechos de libertad siempre aparecerán hoy como condición esencial para el ejercicio de los derechos políticos y como requisitos básicos para someter a los gobernantes a control. La negativa a respetar la aprobación de los espacios para las víctimas de la violencia en Colombia es lo que siempre ha calentado el clima de odio y exclusión que se vive en la sociedad. Los que tienen el poder no quieren perderlo, no lo quieren compartir y siempre desean abusar de él. No importa si tienen que recurrir al derecho penal de manera arbitraria, pues eso no los afectará a ellos sino a los enemigos del régimen.
Mir Puig afirmó: “el derecho penal en un Estado social y democrático de derecho ha de respetar la dignidad del delincuente, lo que impide la imposición de penas incompatibles con la sensibilidad de nuestro momento histórico.” (Puig 1979). Lo que acaba de suceder, entonces, es la consecuencia de violar cuestiones esenciales de la vida moderna, en el entendido de que no puede seguir siendo la sociedad un objeto manipulable de la “razón de Estado”. Maquiavelo define el concepto en sus Discursos sobre la primera década de Tito Livio (lib. III, cap. 41 “Que la patria se debe defender siempre con ignominia o con gloria, y de cualquier manera estará defendida”): Esto es algo que merece ser notado e imitado por todo ciudadano que quiera aconsejar a su patria, pues en las deliberaciones en que está en juego la salvación de la patria, no se debe guardar ninguna consideración a lo justo o lo injusto, lo piadoso o lo cruel, lo laudable o lo vergonzoso, sino que, dejando de lado cualquier otro respeto, se ha de seguir aquel camino que salve la vida de la patria y mantenga su libertad. La expresión, al decir de muchos, ha cobrado muy mala fama y conlleva una significación negativa. Hasta tal extremo, que en la actualidad “la razón de Estado” se utiliza de manera generalizada para definir las medidas ilegales o ilegítimas tomadas por un Gobierno con intención de mantener el orden establecido o mejorar su posición frente a enemigos y disidentes.
Adolf Merkel también afirmó que la justicia penal debe obrar de manera finalista, educadora y preventiva sobre los delincuentes. También debe actuar sobre las situaciones humanas “bajo cuyo influjo se desarrollan o son neutralizadas las tendencias o instintos criminales”. Llenar las cárceles no es la solución, cuando en ellas el que sabe se especializa en delinquir y, el que no, aprende todas las argucias para convertirse en pervertido o infame. El gobierno está mal asesorado e insiste en seguir pisoteando el derecho y las tesis de una sociedad diversa e innovadora. Por fortuna este mandato se encuentra en la etapa final y ya no podrá generar cambios de fondo haciendo expedir leyes tiránicas, para ejecutarlas de la misma manera, de tal forma que lentamente desaparezca la libertad.
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