Una de las grandes diferencias entre el sector público y el sector privado es la casi nula presencia de escándalos por corrupción en el segundo, mientras que en el primero son el pan de cada día. Los dineros que se pierden podrían servir para atender necesidades sociales urgentes. Los organismos de control tienen la gran responsabilidad de actuar de manera rápida, sin miedo y sin compadrazgos politiqueros. Lo lógico es que si se va a iniciar una investigación por problemas en la ejecución de un contrato se revisen los informes de interventoría porque en esos documentos está la huella periódica que va dejando la obra o el servicio. Si se destapa un escándalo, como los que evidenciamos hoy en día, lo que recomienda el sentido común en designar a un investigador preparado, con destinación exclusiva al recaudo de pruebas y a garantizar la cadena de custodia de todos los elementos que puedan servir para la toma de decisiones. Una de las primeras diligencias es congelar los dineros del contrato que reposen en cuentas oficiales y en las de los contratistas. Y si se establece que hubo un posible daño al patrimonio público, debe suspenderse al funcionario responsable y completar el personal del equipo investigador que sea necesario para culminar cuanto antes la investigación y tomar decisiones de fondo. No olvidemos que los términos que fija la ley son los máximos permitidos, pero ello no obsta para que una averiguación efectiva pueda terminar con decisiones extremas antes del término previsto en las normas procesales.
En un informe de noviembre de 2020 la Contraloría General de la República al revisar los dineros y contratos del Fondo de Adaptación reporta que “esos proyectos, tendrían un costo superior a los 561.735 millones de pesos. Además, en 71 de los 103, que costaron 276.000 millones de pesos, el organismo de control fiscal halló que los contratos estaban vencidos. Y lo que más preocupa es que algunas de las regiones más pobres o afectadas por la violencia del país, como La Guajira, Chocó y Nariño, son las que tienen más obras en riesgo. Con todos estos hallazgos, la Contraloría asegura que le inquieta que “la información que aporta el Fondo de Adaptación para hacer seguimiento en tiempo real a estas obras, en un alto porcentaje no corresponde con la realidad de estos proyectos”, lo que afecta el control fiscal.” Tal conclusión debería llevar al organismo a pedir al gobierno nacional la salida de la mayoría de los directivos de esa entidad. Lo demás es complicidad.
En otro informe de agosto de 2021, la Contraloría General puso en evidencia que hay en el país 477 proyectos en riesgo en el país, con dineros de la regalías por valor de $4.78 billones. “Según la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), 50% del valor total de los proyectos con alerta se concentra en 12 departamentos por un valor que supera los $3,1 billones, siendo Nariño (6,38%), Bolívar (5,29%) y Córdoba (4,95%) los que tienen el mayor valor máximo contratado.” Lo que nos preguntamos los ciudadanos es: ¿además de la publicidad que se quiere dar el Contralor entregando estas informaciones, qué está haciendo para proteger de forma inmediata el patrimonio del Estado? Lo que interesa verdaderamente al pueblo es que se diga quienes son los responsables de esos desafueros, cuántos contratistas han sancionado y cuál ha sido el destino final de las conclusiones de una de las dependencias más importantes de lucha contra los corruptos. ¿O hacen el escándalo y después van a dar palmaditas en la espalda? ¿Son esos contratistas aportantes a campañas políticas, o hay políticos detrás de las firmas que contratan y nada les pasa? No basta con las alertas señor Contralor.
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