Bajo el título, “la propuesta inoportuna, improductiva e improcedente de Daniel Quintero,” el Espectador editorializó sobre el escrito entregado por el alcalde electo de Medellín al presidente Iván Duque. Con la invitación que hace el diario para entregar un anti editorial, me sumé a las voces que reclaman que algunas de las reformas que se deben hacer en el país, tienen que lograrse en el menor tiempo y el instrumento ideal es la Asamblea Nacional Constituyente. Como el diario el Espectador no publicó mi nota, lo hago en mi propia página. Todo ello porque fue la Corte Constitucional la que advirtió que “el único titular del poder constituyente ilimitado es el pueblo soberano en virtud del artículo 3º de la carta.” Además, porque “el Congreso es un órgano constituido y limitado por la propia constitución”. Según leemos en Heródoto (historias, III, 80-83), “el gobierno del pueblo comienza por llevar el más bello de todos los nombres: la isonomía”. Y esta palabra significa la igualdad de todos ante la ley. Colombia es un país con muchas desigualdades, pues quienes llegan al poder abusan de él, y se han establecido ellos mismos una serie de garantías que impiden juzgarlos y condenarlos. Los poderes han desbordado sus competencias y para ajustarlas se requiere reforma constitucional; el sistema de salud, en Colombia solamente beneficia a los más pudientes, pues los pobres se ven sometidos al “paseo de la muerte” y no hay quien haga cumplir ni siquiera la tutelas. El congreso es impermeable a los controles contra los actos corruptos, pues las leyes las aprueban de acuerdo con sus intereses, protegiendo su fuero. La comisión de Acusaciones no ha condenado a nadie y estamos en mora de hacerla desaparecer, para que haya un sistema de control judicial sin privilegios, pues el que comete un delito debe ser juzgado por la justicia ordinaria, como cualquier ciudadano. A la justicia hay que quitarle los poderes nominadores porque ahora son más políticos que jueces y obligarlos a cumplir os términos procesales. Los gobernadores dejaron de tener poder, ya que hoy están limitados a los recursos que la nación les quiera entregar para cumplir su tarea. Ellos siempre han propuesto, con los alcaldes, que la nación detente el 40% del total de ingresos y que las regiones administren el 60% restante. Al Estado central hay que adelgazarlo eliminando tanta burocracia inútil. Nuestra constitución va a cumplir 30 años, el cambio en este lapso ha sido acelerado, hay una nueva generación de jóvenes que ve esas normas como obsoletas y esa misma sensación tuvieron los actores de la revolución francesa como lo relata Thomas Paine en su libro “los derechos del hombre”. No se le puede negar a una generación que consagre sus propios derechos, ni se puede permitir que una generación imponga a otra, normas caducas. Nuestra actual constitución surgió de una coyuntura, tal como relata Carlos Lleras de la Fuente en su introducción a la compilación de la constitución política de 1991, “origen, evolución y vigencia”. Al caerse la reforma constitucional tramitada en las legislaturas 1988 y 1989, por un mico que prohibía la extradición de nacionales colombianos, la secuela del asesinato de Luis Carlos Galán, la marcha del silencio de los estudiantes y la séptima papeleta, dieron base al presidente Barco para provocar la convocatoria de la asamblea nacional constituyente, que produjo la constitución de hoy. Esta no puede durar para siempre y cada generación tiene derecho a buscar que en ella se cambien las cosas que nadie quiere cambiar. Así se hizo con las mega pensiones y deberá hacerse con otros temas que con solo tocarlos los detentadores del poder muestran su rechazo.
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