El candidato de la Espriella, hoy juramentado presidente de los colombianos, sigue con su retorica de “payaso de circo”, repartiendo sonrisas y besos cual reina de belleza. Mientras tanto, los asesores del mandatario se reparten con los de siempre los Ministerios y demás cargos de libre nombramiento para asegurar los ingresos futuros, para ganar unos cupos a la Cámara y Senado del Congreso de 2030, si no ganan los premios de consolación en las elecciones regionales para Gobernadores, Diputados, Alcaldes y Concejales, donde tendrán una dura competencia con los candidatos del Pacto Histórico y de los grupos progresistas que se enfrentaran con la oligarquía gobernante. Hoy los ricos están de plácemes repartiendo limosnas, mientras se preparan con sus “lobbistas”, repartirse el 40% del presupuesto nacional, como siempre lo han hecho, y preparan el plan de inversiones públicas de largo, mediano y corto plazo. Obviamente, la inversión social que según manda la Constitución en el artículo 350 les parece una “bobada de la izquierda”, cuando “el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación”. Ya vemos pues que no son las carreteras y los peajes lo que debe ejecutarse con cierto afán, porque carreteras y peajes son los que encantan a los constructores y a algunos corruptos que de allí derivan billonarias utilidades.
Algunas regiones se están llevando los mejores cargos. Otras no tienen representación en el gobierno. Porque a este gobierno no le importa la periferia olvidada sino los centros de poder. Los ricos y sus áulicos miran exclusivamente el centro del país y sus capitales, mientras el progresismo quiere el reparto equitativo de todos los ingresos públicos. Los ricos dicen que eso es comunismo. Que hay que invertir donde se produzca más riqueza. Y “los de siempre” siguen esa escuela capitalista que les permite disfrutar del poder, del reparto de grandes negocios e inversiones públicas, y de juntas directivas desde donde el gobierno corporativo se trata de camuflar para hacer grandes negocios. Pero este espacio de apoyo a los afectados con el terremoto también puede ser usado por los corruptos porque los desastres naturales facilitan la corrupción pública pues en las declaraciones de emergencia se otorga a los funcionarios mayor poder discrecional y recursos rápidos sin controles estrictos. Esto provoca malversación de fondos de ayuda, sobrecostos en contratos de reconstrucción y un aumento de muertes por infraestructura deficiente. Que sea esta la oportunidad para mostrar eficiencia y eficacia, honradez y gerencia pública técnica, para afrontar un reto que puede reconstruir a Colombia o dejar a muchos en las cárceles, si se roban el tesoro público.
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