El renacimiento, como se conoce la etapa comprendida entre los siglos XV y XVII, llegó con el humanismo, la difusión amplia de las artes y de las antiguas culturas griega y romana. Y, entre tales manifestaciones surgió el antropocentrismo, donde se consideró al hombre como la medida de todas las cosas. Desde allí es la persona humana lo más importante para la sociedad y para el desarrollo económico. En realidad la economía no es un fin en sí misma sino un medio para lograr otros objetivos más nobles como el mejoramiento de la sociedad, la salud, la educación, el crecimiento físico, intelectual y emocional de todos, sin discriminaciones o exclusiones. A nadie se le puede negar el derecho de tener apoyos personales, empresariales o estatales para salir adelante, por el contrario, el Estado tiene la obligación de “promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados y marginados”. (Art. 13 Constitución Nacional).
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado que lo que el principio de equidad exige es que, por ejemplo, en la determinación de los tributos, el legislador deba considerar la capacidad económica de los obligados, con el objetivo de evitar que haya cargas excesivas o beneficios exagerados Para esto, es necesario tener en cuenta la situación del contribuyente y su capacidad de pago, en relación con lo cual adquieren connotación las nociones de equidad horizontal y equidad vertical. La primera impone que los tributos han de gravar de igual manera a quienes tienen la misma capacidad de pago; mientras que la segunda, que se identifica con el mandato de progresividad de los tributos, ordena distribuir la carga tributaria de forma que quienes tienen mayor capacidad económica soporten una mayor proporción de gravamen. (Ver C-057/21)
Ello significa, entonces, que el Estado dentro de su poder para imponer tributos debe establecer tarifas más altas a quienes más dinero ganan, porque en este caso no se trata de inteligencia para obtener ingresos, sino de la cantidad que se recibe como utilidades o excedentes y la forma como los propietarios de tales ingresos deben contribuir a la sociedad para la satisfacción de las necesidades de los más pobres y débiles. Precisamente el Estado se crea para evitar que los fuertes abusen de los débiles, que los ricos abusen de los pobres y que los más inteligentes tampoco se excedan en sus competencias sociales y empresariales. Una sociedad justa redistribuye el ingreso nacional. Así como ayuda a los más pudientes en tiempos de crisis, tiene la obligación de abrir las puertas para que el régimen distribuya todos los beneficios “teniendo en cuenta capacidades y necesidades”. Los ricos colombianos olvidan el principio de solidaridad, y el respeto de la dignidad y los derechos de los trabajadores. Por eso está bien que en las reformas laboral y de financiamiento en curso los ricos pongan más que los pobres, que solamente cuentan con su fuerza de trabajo.
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