Los medios publican que “el expresidente Álvaro Uribe ha vuelto a criticar duramente al Congreso de la República y al Gobierno nacional en un video reciente, donde pidió detener el avance de las reformas propuestas debido a denuncias de presunta corrupción. Además, Uribe insistió en su llamado a la fuerza pública, subrayando que las fuerzas armadas de Colombia no deben servir a caudillos, sino a la Constitución”. Pero volvamos la página: de todos es conocido que muchos paramilitares dijeron en declaraciones ante la JEP que ayudaron a elegir en 2002 a Álvaro Uribe Presidente de la República. Nadie ha investigado seriamente estas declaraciones. Además a los paramilitares los recibieron como héroes en el Congreso de la República. Por otra parte la Corte Suprema condenó a dos exministros y 4 altos funcionarios por el escándalo de la Yidis política, por haber comprado votos en el Congreso para reelegir a Álvaro Uribe. Ese sí que ha sido un asalto a la democracia que nadie ha investigado ni profundizado, pero se trata ni más ni menos que de la elección y el ejercicio del más alto cargo publico por una persona que compró votos en el Congreso a través de altos funcionarios del Estado. Todos condenados por la Corte Suprema que dijo en su sentencia frente a un condenado que: “es claro que el exfuncionario jugó un rol crucial en el cumplimiento de varios compromisos que el Gobierno había adquirido con congresistas con el fin de que votaran a favor de la reelección del expresidente”.
¿Perdería la memoria el expresidente o cree que los colombianos somos tarados, porque sin ningún control ético se atreve a pontificar con sus reglas morales cuáles deben ser los comportamientos de la fuerza pública y del pais frente a los casos que hoy investiga la justicia, donde ninguno de los procesos han dado resultados como imputaciones, acusaciones en juicio o condenas.? En cambio en el proceso de la yidis política, después de 11 años de investigaciones, hubo condenas específicas contra servidores públicos corruptos de la coalición y amigos del “expresidente”. El expresidente está recurriendo a medios extremos para lograr la desestabilización del pais, porque avizora que la justicia lo puede condenar, siendo el primer expresidente que ya en juicio está ad-portas de una sentencia condenatoria, de posibles 12 años de prisión.
La justicia tiene la obligación de “guardar reserva sobre los asuntos de su función, aún después de haber cesado en el ejercicio del cargo”. Ni los servidores públicos ni los testigos, ni el acusado en juicio pueden estar hablando por los medios desvirtuando las acusaciones, cuando ese deber se cumple dentro de las reglas del procedimiento penal. El Expresidente debería ser objeto de medidas cautelares y de las sanciones correspondientes por estar exponiendo ante la prensa asuntos que dentro del proceso no han sido todavía objeto de debate en la etapa del juicio. Además, está amedrentando a la ciudadanía pidiendo que la fuerza pública intervenga en su favor impidiendo que el Congreso ejerza las funciones de legislador presumiendo que son unos delincuentes, sin que haya proceso o sentencia judicial en contra de ellos. El uso de estos medios hace incurrir al ciudadano acusado en temeridad o mala fe que debe ser sancionada. Estos comportamientos demuestran no solamente la peligrosidad del acusado sino sus condiciones personales para incitar a que se cometa el delito de sedición. Promover, organizar o dirigir la rebelión o sedición es circunstancia de agravación punitiva. Que la justicia advierta, pues, al expresidente de la gravedad de sus palabras y comportamientos contra el régimen constitucional y legal.
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