Es hora de que todos los colombianos iniciemos una cruzada para que mayoritariamente escojamos la paz y no la guerra como objetivo para nuestra patria. Y hay que elegir entre el rumbo propuesto por la Corte Constitucional que “ordena tomar decisiones de seguridad siguiendo el Acuerdo de Paz”, o lo contrario que expresa el expresidente Uribe “que la fuerza pública se enfrente al Presidente Petro” desconociendo el mandato constitucional del artículo 189 numeral 3º que establece como atribución del presidente “dirigir la fuerza pública y disponer de ella como comandante supremo de las fuerzas armadas de la República”. Es asì de claro, o nos dejamos guiar por la venganza, la violencia, la ira y el rencor, o buscamos cumplir y defender los principios de solidaridad, hermandad, fraternidad y los valores de la democracia.
El alto tribunal ha expresado que se debe asegurar la implementación de los instrumentos de esta política consignada en el Acuerdo de Paz, firmado en 2016 con la guerrilla de las FARC. Esta política, que ahora deberán tener en cuenta las entidades, contiene planes estratégicos de seguridad y protección a los firmantes y una política pública de desmantelamiento. Además, cuenta con requisitos a cumplir como la reincorporación de los excombatientes. De manera contraria el Expresidente defendió la antigua política de guerra según él porque “antes del paramilitarismo terrorista y narcotraficante hubo autodefensas y eso se creó en muchas partes por el estado de necesidad de la ciudadanía desprotegida. ¿a dónde nos puede llevar esto?”, cuestionó.” Esta expresión es una defensa velada del conflicto y una justificación evidente de los asesinatos que cometieron fuerzas por fuera de la ley y aliadas con ella.
Si en realidad el expresidente estuviera interesado en la unidad nacional, respetaría lo escrito en el artículo 4º de la Carta que dice que “la Constitución es norma de normas”, es decir, la regla máxima de comportamiento de todos los habitantes del territorio es la Constitución y no se puede defender la violencia, porque esa misma Constitución le ordena al pueblo colombiano, incluyendo al expresidente guerrerista y sus seguidores en el Art. 22. “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. ¿Desobedece Uribe la Constitución? Parece que haber ejercido durante dos periodos la Presidencia de Colombia, en nombre de unas minorías rabiosas de sangre, no lo hizo un buen constitucionalista y, por el contrario, cree, como otros, que ese texto es apenas un papel escrito, que nadie debería respetar. Claro, pero Petro pide convocar una constituyente popular y allí si saca los textos constitucionales que trasladan la competencia a un Congreso arrodillado a los poderes constituidos por los más ricos de Colombia. Los colombianos solamente pedimos coherencia y sensatez.
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