Las Antiguas democracias ayudaban a los pobres que participaban de las asambleas populares, para que estas no fueran tomadas por los ricos que tenían dinero no solamente para movilizarse a las sesiones sino, también, para comprar votos en ellas. La compra de votos es un mal de todos los sistemas políticos donde las élites tienen un papel preponderante para hacer que quienes votan lo hagan a su favor. Por eso las reglas democráticas deben ser revisadas constantemente y poner controles a los aportes que hacen los privados a las campañas y se busque el instrumento para que las elecciones sean pagadas con recursos públicos. No solamente la movilización el día de las elecciones, sino todos los demás gastos que debe cubrir la registraduría en el caso colombiano o cualquier organismo electoral independiente que garantice la moralidad y la ética pública en los procesos claves del sistema de votación.
Tres grupos económicos son los grandes donantes a la política colombiana: Ardila Lulle, Sarmiento Angulo y grupo Bolívar. Estos y otros donantes les aportan a los partidos de derecha casi $50.000 millones de pesos, más los otros apoyos que se hacen con camuflajes técnicos a los grandes partidos Liberal, Conservador, la U y Centro democrático. Los demás partidos reciben menos y otros nada. Los de izquierda, por ejemplo, en casos excepcionales reciben limosnas. Esa desigualdad numérica en el manejo de efectivo se suma al hecho de que los grandes partidos han tenido toda la burocracia que vota y saca a votar sus familias y amigos para no perder los puestos que ostentan, algunos con millonarios presupuestos. Y fuera de esto, los partidos compran votos de manera directa, que se consiguen como productos en cualquier supermercado. Esos aportes no deberían ser directos a partidos o personas sino a una bolsa oficial, que pagarìa a cada partido o movimiento según el número de votos obtenido en las urnas. El Estado daría anticipos que se reembolsarían del total de los aportes públicos y particulares.
Hay reglas para todo, pero lo importante no es que después se sancione al violador, sino que se prevenga la comisión de todos los delitos que tiene potencialmente el sistema electoral y que se cometen contra los mecanismos de participación democrática. Entre ellos figuran el constreñimiento al sufragante, el fraude en inscripción de cédulas, el voto fraudulento, la alteración de resultados electorales, la financiación de campañas con fuentes prohibidas, etc. La reforma al sistema electoral daría base suficiente al pueblo para que ejerciera la democracia directa y mediante una Constituyente eliminara todas las causas que conducen a la corruptela que mantiene en el poder a muchos políticos que envejecen en sus curules trampeando a la democracia. Y son precisamente esos que afirman de manera descarada que no se salen “porque la patria los necesita”. No será que ellos necesitan a la patria para esquilmarla y apropiarse de los recursos públicos? La desgracia es que un solo grupo económico podría poner presidente o mayorías en el congreso si dejan esas altas sumas para entregarlas la última semana de campaña para comprar votos y constreñir a los electores.
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