Para el hoy presidente de la República la vida no ha sido fácil. En la campaña del 2022 los ataques fueron rudos, amenazantes, conflictivos y peligrosos. Tanto, que para responder a las acusaciones de corrupción él debió decirles a sus enemigos, la derecha recalcitrante de Colombia, que ningún juez de la República lo ha condenado, y, por tanto, él está amparado por la presunción de inocencia. Que si se le probada algún delito renunciaba a su candidatura. Pero ninguna prueba apareció. Su vida ha girado en la lucha contra las injusticia de la clase dominante contra los pobres. No ha desistido un solo momento en expresar su deseo de cambio y los insultos recibidos se fundamentan en su lucha guerrillera al lado del M19. Pero recordemos que la historia del pais la han realizado extremistas y personajes enfrentados a los conquistadores como Bolívar, Santander y Nariño, para solamente recordar a los tres más destacados durante el periodo de la independencia. Si esos tres caudillos hubieran sido capturados por las fuerzas realistas hubieran sido fusilados. Pero como ganaron las batallas más importantes son héroes de la patria. Y hoy Petro es objeto de igual persecución por parte de las élites que antes gobernaron a Colombia, por lo menos hasta el 2022, cuando los derrotó en las urnas por más de 11.281.013 esto es el 50.44% del total de votos válidos depositados en la segunda vuelta electoral. Los ataques de guerrillero y corrupto no lo afectaron y la victoria lo puso en la casa de Nariño hasta el 2026.
Petro está cumpliendo el programa como lo dijo en campaña, el plan de desarrollo aprobado por el Congreso es su brújula. Pero hay reformas que no avanzan, porque la derecha ha usado el poder de sus dinero y de sus empresas para cerrarle el camino. El Presidente insiste en que las reformas deben beneficiar al pueblo. Ha repetido que ni la salud, ni la educación, y menos el trabajo, deben ser un negocios en contra de los intereses populares. Dentro de sus cambios importantes está la decisión de prescindir de los servicios de generales y otros altos mandos de la fuerza pública acusados de violación de derechos humanos. Ha vinculado a las mujeres en número sin antecedentes, y a todos los sectores discriminados como los afrodescendientes, comunidades indígenas, LGBTIQ+; está apagando las inversiones que no corresponden con la justicia social, está recuperando el destino social de los recursos públicos. Su imagen va creciendo ante el pueblo.
Si el Congreso se opone a las reformas abandonando el reciento de las leyes, saboteando la voluntad popular expresada en las urnas en el 2022, el Presidente tiene que actuar como Jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, liquidando las EPS insolventes o que hayan desviado el dinero de la salud ya que más del 50% de los colombianos opina que “es muy necesario cambiar el sistema de salud”. Además, el Presidente está recuperando el dinero invertido en carreteras de los ahorros pensionales que ya la Corte ha reiterado que no se pueden usar en otros objetivos sino en garantizar el pago de las mesadas; reorientando el sistema educativo para que los pobres tengan acceso a las universidades y dando seguridad a todos con la insistencia en la paz total, porque según la Constitución “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.”
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