El presidente Petro ha puesto sobre la mesa la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente que permita renovar el pacto social que se ha venido consolidando con la Constitución de 1991, cuya integración se logró con el objetivo esencial de lograr la paz entre los colombianos. Los partidos que acordaron ese cambio se han debilitado y hoy existen otras fuerzas políticas que quieren consolidarse como rectoras de una nueva regla democrática, que impida que los más ricos y poderosos sigan aprovechando su hegemonía económica, social y política. Ese deseo se expresa en la división ideológica que existe en el pais y que cada día se agrava más, en la medida que los dos grandes bloques de pensamiento se distancian hacia soluciones extremas. Hay que encontrar el consenso de ideas que permitan la subsistencia de la sociedad colombiana, como un cuerpo humano y territorial, antes de que agentes extraños apoyados por el narcotráfico y otras formas delincuenciales, destruyan la República que está en construcción.
La derecha, por supuesto, le tiene miedo a la idea, por el convencimiento de que si pierden las elecciones que se convoquen, se instale una democracia alternativa a la que hoy ellos defienden y que privilegia a los poderosos frente a las necesidades populares y el respeto por los derechos fundamentales y por la defensa de los derechos sociales, económicos, culturales y medioambientales que prevalecen en el ideario mundial. Si la derecha estuviera segura del triunfo aceptaría de inmediato, pero la alarma está prendida por la reciente derrota en las elecciones del 2022, donde un Presidente ajeno a su ideología ganó las elecciones por el 50.48% de los votos depositados en las urnas. Desde ese día hasta la fecha, por las reformas propuestas, la derecha está escandalizada y tiene pánico de perder privilegios que han ganado con las tesis neoliberales impuestas con sus mayorías en el Congreso.
Johannes Althusius (1557-1638) proclamaba en su tiempo: “La comunidad de derecho es aquella por la cual los simbióticos viven y se rigen en la vida en común por leyes justas” …” El gobernante, prefecto o jefe dirige con autoridad los asuntos de la vida social en interés de todos y cada uno de los que le obedecen…El derecho especial y secular de soberanía es el que indica y prescribe los medios propios para remediar las necesidades de todos…Este derecho especial debería ser equitativo, útil y adaptado al lugar, tiempo y personas…” En Colombia estamos en mora de hacer una revisión integral de la Constitución Política de 1991, que hemos cambiado a machetazos, sin ponernos de acuerdo previamente què sociedad queremos. Ahora, si la Asamblea Constituyente está prevista en la actual Carta política (Arts. 374 y 376), no es dictatorial, ni ilegal, ni está por fuera del ordenamiento. En cambio, las voces que se levantan contra ella sí son autocráticas, absolutistas y opresoras.
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