El anuncio del Ministro de transporte de cobrar valorización en las grandes carreteras nacionales de segunda, tercera, cuarta y quinta generación debe tener aterrados a los terratenientes que han visto crecer el valor de la tierra gracias al plan vial que desde 2004 fue incluido en el Conpes 3272 y que comprendía, además, la transferencia de las carreteras que les fueron asignadas por la Nación a las entidades territoriales. Dicho plan no se ha concretado de manera completa porque los departamentos y municipios no tienen capacidad económica y técnica para asumir dichos gastos y responsabilidades en el mantenimiento de tal infraestructura.
Para la jurisprudencia constitucional, la valorización es una contribución especial, no un impuesto. La Corte abordó este asunto en la sentencia C-155 de 2003 así, “en el caso de la valorización la jurisprudencia y la doctrina coinciden en considerar que el modelo normativo acogido desde 1966 hace referencia a una “contribución especial”, es decir, a la compensación por el beneficio directo que se obtiene como consecuencia de un servicio u obra realizada por una entidad. La Corte ha explicado el alcance de la contribución especial de valorización (que para efectos prácticos se utilizará en lo sucesivo simplemente como contribución de valorización) y sus características especiales en los siguientes términos: “La contribución de valorización no es un impuesto, porque no grava por vía general a todas las personas, sino un sector de la población que está representado por los propietarios o poseedores de inmuebles que se benefician, en mayor o menor grado, con la ejecución de una obra pública”.
Las carreteras y las obras de infraestructura han beneficiado a los grandes propietarios y no a los pequeños titulares de tierras en el pais. A lo largo y ancho del territorio vemos cómo después de construir las vías, se venden terrenos aledaños a precios exorbitantes, para construir hoteles, balnearios o paraderos, para construcción de grandes conjuntos o clubes sociales que enriquecen a unos pocos con el aporte de la Nación al desarrollo vial. La valorización, por tanto, es la recuperación por parte del Estado de esos dineros que también se recaudan mediante los peajes que pagan todos los propietarios o tenedores de vehículos que se movilizan por las carreteras afectadas con ese cobro. El anuncio, entonces, del Ministro Camargo de que la valorización hará parte del recaudo para restablecer esos dineros invertidos al tesoro público es una buena noticia porque de esa manera los grandes propietarios aportarán recursos importantes para continuar con la construcción y el mantenimiento de las carreteras que hacen parte del plan vial vigente, con las reformas que se han introducido en los últimos años.
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