La derecha colombiana se duele porque el Presidente Petro ha entregado a las fuerzas militares el desarrollo de proyectos de desarrollo en diferentes zonas del pais, poniendo la capacidad de esos estamentos armados al servicio de la patria para que, en vez de estar derramando sangre, construyan una Nación a imagen y semejanza de los abuelos que compartían con la fuerza pública la construcción de caminos y casetas comunales en festivales y reuniones patrióticas que se celebraban en pueblos y veredas. La participación de la fuerza pública del Estado en actividades aéreas movilizando ciudadanos a zonas apartadas, construyendo puentes en tiempos de desastres y ayudando a mejorar las carreteras rompe con la tradición de corrupción y malos manejos de los recursos públicos que muchos privados han envilecido por su inmoralidad y por desviar los recursos públicos cometiendo delitos contra la administración en vez de generar progreso y desarrollo. Los casos de Odebrecht, y otras firmas involucradas en actos de corrupción son la mayor alerta de que las carreteras con peajes son el peor síntoma de que los malos manejos del dinero de las tesorerías se están desviando hacia manos de particulares, sin que ellos den a los ciudadanos las comodidades que deben tener las vías con esos costos tan elevados.
El gobierno Petro está empeñado en que las juntas de acción comunal, las cooperativas, las MiPymes y otras organizaciones sin ánimo de lucro ejecuten las pequeñas obras veredales y las carreteras terciarias. Eso dinamizaría el sector de la economía popular que se encarga de apoyar proyectos de mediano costo, daría solidez a empresas pequeñas y derramaría beneficios a las zonas rurales tan necesitadas de inversión. En el programa de gobierno se dijo: “Proponemos un pacto con las economías populares que permita recuperar la confianza en el Estado y construir una sociedad basada en el reconocimiento del trabajo de al menos dos tercios de la población económicamente activa, que realiza su trabajo en la llamada informalidad, de los cuales el 80% trabaja por cuenta propia, principalmente en actividades que no les permiten ganar ni siquiera un salario mínimo mensual. El Estado reconocerá a estos trabajadores que producen valor social y económico sobre la base de la garantía de derechos”. De acuerdo con el PND, “la economía popular se refiere a los oficios y ocupaciones mercantiles (producción, distribución y comercialización de bienes y servicios) y no mercantiles (domésticas o comunitarias) desarrolladas por unidades económicas de baja escala (personales, familiares, micronegocios o microempresas). El Estado que debe promover todas las formas para acabar con la desigualdad encuentra en la economía popular una estrategia para terminar con la pobreza.
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