El Artículo 250 de la Constitución le asigna a la Fiscalía adelantar el ejercicio de la acción penal y, además, “realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito”. Lo que más se critica de la entidad es su ineficiencia en el cumplimiento de los deberes funcionales que trae como consecuencia la impunidad. El 96% de los delitos no son castigados. El 94 % de las denuncias presentadas en Colombia entre 2010 y 2023 por corrupción en la administración pública quedaron impunes, informaron desde la secretaria de Transparencia orientada por Andrés Idárraga, en la presentación del primer mapa de impunidad del país.
Pero otra cosa que da profunda tristeza es que el Fiscal dedicó la mayor parte de su periodo a descuidar las investigaciones de los gobiernos anteriores y se convirtió en jefe de debate de un partido y, en general, de la derecha colombiana. No hubo foro al que no asistiera a recibir los aplausos por investigaciones que ni siquiera tienen avances significativos, pero que en todos los medios fueron reproducidos con pedazos de las investigaciones que filtraba la fiscalía a sus validos de turno.
La Corte ha señalado que la administración de justicia debe descansar siempre sobre dos principios básicos y esenciales, a saber, la independencia y la imparcialidad. Al respecto ha explicado que la independencia, como su nombre lo indica, hace alusión a que los funcionarios encargados de administrar justicia no se vean sometidos a presiones (…) a insinuaciones, recomendaciones, exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros órganos del poder, inclusive de la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio legítimo por parte de otras autoridades judiciales de sus competencias constitucionales y legales, [mientras que la imparcialidad] se predica del derecho de igualdad de todas las personas ante la ley (Art. 13 C.P.), garantía de la cual deben gozar todos los ciudadanos frente a quien administra justicia. Se trata de un asunto no sólo de índole moral y ético, en el que la honestidad y la honorabilidad del servidor público son presupuestos necesarios para que la sociedad confíe en los encargados de definir la responsabilidad de las personas y la vigencia de sus derechos, sino también de responsabilidad judicial”.
Barbosa desoyó todas las voces que le reclamaban por su parcialidad política por haber sometido a los fiscales a ser voceros y defensores del jefe de su partido y, también, por no haber acatado la imputación que hizo la Corte Suprema al exsenador Álvaro Uribe, a quien hasta hoy libró de ser llevado a juicio como lo demuestran las pruebas debatidas ante los jueces de instancia. Se violó asì el principio de igual de todos frente a la ley y quedó un sinsabor que hace repetir el adagio popular de que “la justicia es para los de ruana”.
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