El gasto público social se define como aquel cuyo objetivo es la solución de las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, y las tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, programados tanto en funcionamiento como en inversión, y dado que la educación ha sido señalada como objetivo fundamental del estado social de derecho, siendo ésta una de las áreas prioritarias de inversión social, la misma Constitución determinó que no hay rentas de destinación específica exceptuando las destinadas para inversión social, en la que se encuentran los recursos de educación.
Por tanto, las discusiones que se están presentando sobre las prioridades de ejecución del gasto público son irrelevantes, frente al mandato constitucional si recordamos que el artículo 4º de la Carta dice que la constitución es norma de normas. En caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley un otra norma juridica se aplicaràn las disposiciones constitucionales. El artículo 350 por su parte expresa claramente: “Excepto en los casos de guerra exterior o por razones de seguridad nacional, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación”. La diatriba del ex ministro de educación Alejandro Gaviria, indicando que el presidente no puede desmejorar las mega obras a las que se comprometió el gobierno nacional y que están en el presupuesto general, es puro escándalo y ruido para defender a los grandes contratistas que operan en Colombia, pero cuando las necesidades sociales son evidentes el Presidente puede aplazar gastos en infraestructura para dedicar esos recursos a atender al pueblo más necesitado y desprotegido.
Esa decisión gubernamental es tan necesaria como urgente hoy en día cuando los indicadores económicos están demostrando que la gran mayoría de cifras económicas son mejores en este gobierno que en el anterior, lo cual se refleja en la variación anual del IPC (9.3%), en el aumento del salario mínimo (4.5%), en la tasa de desocupación global (10.0%), en la tasa de desocupación de jóvenes que pasó de 18.3% a 16% y en más de otros 18 indicadores según datos de Banrepública, Dian, DANE, Minhacienda y Crédito Público, Fenalco y ANDI. Ha sido una lucha dura contra la oposición que desnaturaliza la buena gestión estatal, pero en el Congreso se verán los resultados de los acuerdos que hace el gobierno con los legisladores para sacar adelante a Colombia.
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