No hay política moderna sin mirar a los antiguos griegos que idearon el sistema democrático y lo relacionaron de inmediato con la igualdad (isonomía) y la participación (asambleas del pueblo). Por eso la discriminación por sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o religiosa, está proscrita en la Constitución de 1991 (Art. 13). La política sucia, entonces, empieza cuando la oposición al gobierno difunde la idea de que lo que dice la carta fundamental es muy bonito pero que tiene que haber ricos y pobres. Pero es que al Estado le corresponde promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y tiene la obligación de adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados. Si, eso dice la Constitución, pero riposta la oposición, que primero hay que fortalecer a los ricos y a las élites gobernantes para que ellos les den trabajo a los pobres. La guerra sucia no solamente es la mentira (fake news), sino hacer decir a la ley lo que ella no dice a base de interpretaciones amañadas. Asì los medios de comunicación se han convertido en jueces. Por tal razón, las normas legales, entre ellas las previstas en el Código Civil y que definen métodos hermenéuticos, deben ser armonizadas con los derechos, principios y valores constitucionales. Esto significa que las referidas fórmulas de interpretación serán conformes con la Carta Política en cuanto garanticen la eficacia de las facetas jerárquica, directiva e integradora del principio de supremacía constitucional.
Al Presidente los medios de lo tildan de inepto, pero no juzgan a los congresistas, cuando rompen el quorum para no aprobar las leyes que necesita; lo cuestionan por tener malos ministros, pero no dicen nada de los funcionarios de carrera que dejó el uribismo en provisionalidad, que se encargan de obstruir los deberes funcionales de sus jefes; se perdieron los juegos panamericanos pero no hablan de las irregularidades presupuestales de quienes se comprometieron a convocarlos; se perdieron una vacunas, pero no preguntan a los usuarios si las EPS las ofrecieron a sus abonados del régimen contributivo o subsidiado, porque los ministros no aplican vacunas; hablan de irregularidades de familiares y amigos del presidente, pero al lado ponen una foto del mandatario para atacar la dignidad presidencial, sin estar él imputado o haber cometido delito alguno. Finalmente, la política sucia se refleja en que le gritan al presidente para que mantenga el reparto del tesoro público que los enriqueció; que respete a los clanes para que sigan con el saqueo; a las mafias de la droga, a los contratistas preferidos de licitaciones con oferente único. Pero lo más denigrante de esa política es poner a la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría y la Procuraduría, a perseguir al Presidente y sus amigos mientras los verdaderos forajidos se protegen en la impunidad e ineptitud de dichas dependencias. Recordemos que no se puede condenar solamente con pruebas de referencia, sino con plena prueba. Ojalá los medios dejen de apoyar la política sucia y, por el contrario, ¡sean un faro de luz y de verdad!
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